Sant Josep debe demoler la casa de Puig d’en Serra en un plazo máximo de un mes

@Noudiari/ El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma ha fijado un plazo máximo de un mes para la demolición de la construcción ilegal de Puig d’en Serra, en es Cubells. Además, esta disposición judicial, remitida por Grup d’Estudis de la Natura (GEN), advierte de que si esta vivienda no se derruye en 30 días se incurriría en un delito de presunta desobediencia a la Autoridad.

El 6 de julio de 2013, el GEN se personó en los juzgados para instar a la Administración a que se ejecutara la sentencia de demolición de este edificio, cuya ilegalidad fue denunciada por los ecologistas en 1996. Se trata de unas obras ubicadas en un Área Natural de Especial Interés (ANEI), en la cima de la montaña, un emplazamiento prohibido por la Ley de Espacios Naturales. Después de que el Juzgado de Primera Instancia determinara su ilegalidad en 2004 y de que el Tribunal Superior de Justicia de Balears ratificara en segunda instancia la sentencia, el GEN criticó que “siete años después de la sentencia firme de demolición, la edificación permanece intacta y terminada en el lugar donde se levantó”.

Una demolición suspendida en el último minuto
En noviembre del pasado año, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia recibieron el auto que autorizaba al gobierno municipal a entrar en el inmueble para ejecutar su derribo. El Consistorio dio cuenta de que el viernes 29 de noviembre a las 8.30h comenzaría la demolición de esta casa ilegal, pero en el último minuto, a las 14.50h del día anterior al fijado para el derribo, el Ayuntamiento de Sant Josep recibió una orden de suspensión con carácter provisional del decreto de la alcaldía que ordenaba echar abajo esta vivienda situada en la cima del Puig d’en Serra.

Esta suspensión vino motivada por el recurso contencioso administrativo presentado por Alexandre Leens, una de las partes personadas en el caso. No obstante, esta última disposición, que fue dictada el pasado 6 de enero, ha fijado en un mes el plazo máximo en el que el Ejecutivo municipal deberá derruir esta vivienda que infringe varias leyes de ordenación del territorio.