Condena de 7 años y 11 millones al hotelero Fernando Ferré por el caso ‘Playa Sol’

@D.V./ Lo que tendría que haber sido un largo juicio con más de treinta testigos, finalmente se ha ventilado en una mañana. La defensa del hotelero Fernando Ferré ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía, que ha aceptado rebajar su petición de 81 años de prisión y se ha conformado con una condena de 7 años de cárcel, más una multa de 11 millones de euros. Su contable, Josep Oller, ha sido condenado a 14 meses de prisión y una pena económica de la misma cuantía, 11 millones de euros. Ambos deberan pagar 11 millones de euros más por responsabilidad civil subsidiaria, aunque dada su situación de insolvencia es casi seguro que esta cantidad la tengan que pagar los actuales administradores del Grupo Playa Sol.

Las penas, al detalle
Fernando Ferré ha sido condenado a 3 meses y 4 días de prisión por cada uno de los 14 delitos contra la Hacienda Pública de los que ha sido declarado culpable, por lo que deberá pagar una multa de 10.275.256 euros. También ha sido condenado por tres delitos contra los derechos de los trabajadores: por uno de ellos ha sido condenado a 2 años y 6 meses de prisión, por otro ha sido condenado a 6 meses de prisión y por el tercero a pagar una multa de 2 euros diarios durante 6 meses. En total, suma un conjunto de 7 años de prisión y 11 millones de euros, aproximadamente.

El abogado de Ferré ha solicitado también que a su defendido se le exima de cumplir la pena de prisión dada su avanzada edad y su precario estado de salud. De hecho, el hotelero Ferré se ha presentado en los juzgados de Eivissa caminando ayudado por una muleta, la mirada extraviada y balbuceando. La sentencia no es firme ya que los abogados de los actuales gestores del Grupo Playa Sol (GPS) -empresa que está intervenida concursalmente- solicitarán al Juzgado de lo Mercantil para que de su conformidad a pagar los 11 millones de responsabilidad civil subsidiaria.

Ferré se hace la víctima
Con toda seguridad, los abogados de Ferré veían la situación de su defendido muy complicada dada lo aplastantes de las evidencias en su contra, y han intentado por todos los medios llegar a un acuerdo con la Fiscalía para, a posteriori, jugar la carta de la pena apelando a la avanzada edad y la salud del hotelero. Sin embargo, las negociaciones del acuerdo se han dilatado durante tres horas porque los abogados de GPS no veían claro asumir el pago de los 11 millones de euros por responsabilidad civil subsidiaria, cantidad que tendrán que asumir porque tanto Ferré como Oller tienen sus bienes embargados.

Finalmente, sobre las 13,30 horas el acuerdo ha sido posible y se ha celebrado una brevísima vista pública. Allí, Ferré ha proseguido su representación de anciano perjudicado y cuando se le ha preguntado si mostraba su conformidad con el acuerdo, primero ha balbuceado que no entendía nada, que estaba aturdido, que no sabía qué le preguntaban. Cuando la jueza le ha preguntado por segunda vez, ha iniciado un discurso victimista asegurando que nunca nadie ha creado tantos puestos de trabajo en Ibiza y que él es una persona benefactora, que sus trabajadores le adoraban. Este soliloquio ha consumido la paciencia de la jueza que le ha cortado y, tajantemente, le ha dicho que no le interesaba esa historia y que le dijera ‘sí’ o ‘no’ si aceptaba el acuerdo. Ferré ha dicho que ‘sí’ y la vista ha finalizado.

No ha sido el único momento ridículo que se ha vivido en la jornada, ya que unas horas antes los cuatro fiscales del caso -entre ellos el fiscal anticorrupción Horrach- han tenido una experiencia de choque extrema sobre cómo funcionan las tercermundistas instalaciones del edificio de los juzgados, ya que se han quedado atrapados en el interior del ascensor. Los guardias de seguridad con la ayuda de una llave maestra y de una especie de gato hidráulico abrieron las puertas y rescataron a los azorados fiscales de su interior.

La Fiscalía solicitaba 81 años de prisión
En concreto, sobre Ferré pesaban 14 delitos contra la Hacienda Pública estatal y autonómica, un delito contable y tres contra los derechos de los trabajadores. De forma paralela, Oller se enfrentaba a la imputación de 14 delitos fiscales y uno contable. Unos hechos por los que la Fiscalía solicitaba 81 años de prisión para el hotelero y 14 años y medio de cárcel para el contable de la empresa. Sobre cada uno de los acusados, además, pesaba la solicitud de una multa de 18.235.124 euros, así como una indemnización solidaria de 17.050.000 euros a la Hacienda Pública estatal y de 3.100.000 euros a la Hacienda Autonómica.

Además de la Fiscalía Anticorrupción, se han personado como acusaciones la Abogacía del Estado, la Comunidad Autónoma y, como acusación particular, el sindicato Comisiones Obreras.

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