@L.A./ El Ayuntamiento de Eivissa ha aprobado esta mañana la moratoria parcial de licencias urbanísticas que paraliza la concesión de nuevos permisos de obra en todo el municipio por un tiempo máximo de un año.
La aprobación ha salido adelante por mayoría, con 14 votos de PP y PSOE-Pacte y uno de la concejala no adscrita Marienna Sánchez-Jáuregui. El grupo Epic y el edil Juan Daura se han abstenido y el PREF ha votado en contra. También hubo dos ausencias, la del concejal de ExC, Vicent Ferrer, y del edil socialista, Enrique Sánchez-Navarrete, que iban a apoyar la moratoria.
El concejal de Urbanismo, Juan Flores, ha explicado que la suspensión afecta al 20% de las licencias del municipio, que incluyen los proyectos de obra nueva. El 80% restante son permisos para rehabilitaciones y reformas que quedan fuera de la moratoria.
El edil ha detallado que la suspensión comenzará el próximo 18 de abril, un día después de que entre en vigor el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1987, que será el que estará vigente a causa de la sentencia del Tribunal Supremo que en febrero anuló el plan del 2009 por un defecto de forma. A partir de ese día, todas las licencias de obra nueva que se hayan solicitado dentro de los tres meses anteriores se verán afectadas.
Flores ha asegurado que el avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) podría estar listo en un mes y también ha anunciado que los servicios técnicos estudian aprobar antes de las elecciones una modificación puntual del PGOU de 1987 para que todas las Áreas de Planeamiento Incorporado (API), que son aquellas zonas del municipio que cumplen ambos planeamientos, puedan quedar fuera de la moratoria.
PSOE-Pacte, contra el propietario de ses Feixes
Por su parte, el portavoz de PSOE-Pacte, Rafa Ruiz, ha recordado que la anulación del plan anterior “que funcionaba bien” se debe a una denuncia de un propietario de Ses Feixes “al que le importa poco lo que pase en el resto del municipio y que no podrá hacer nada porque la zona está protegida”.
El portavoz introdujo dos “mejoras” en el texto de la suspensión, que fueron aceptadas por el equipo de gobierno. La primera pide que el nuevo PGOU se adecúe al planeamiento de 2009 y la segunda solicita que se encargue cuanto antes el Plan Ambiental Estratégico, que es el informe que le faltaba al anterior plan y cuya ausencia motivó su anulación por parte del Tribunal Supremo.
Tras el pleno, el concejal progresista ha explicado que esta petición de fidelidad al plan de 2009 se debe a las declaraciones que hizo el presidente del Consell Vicent Serra a favor de urbanizar Ses Feixes des Prat de Vila. El edil ha afirmado que a PSOE-Pacte le preocupa “la filosofía urbanística referida a ses Feixes, a instalar superficies comerciales en zonas industriales, o a las discotecas” del Partido Popular. Ruiz ha señalado que la “insensibilidad que ha demostrado Nacho Rodrigo, que es su exsocio, existe dentro del PP y a nosotros nos preocupa”.
El PREF pregunta por los hoteles
El edil progresista se ha referido así al voto en contra del PREF, que el concejal Nacho Rodrigo ha basado en que no le “gusta” la moratoria como está planteada y en que todavía le falta conocer “los expedientes” que se verán paralizados. “Queremos saber si los cuatro hoteles que hay ahora en marcha se verán paralizados. Tenemos el Victoria, tenemos el Cipriani, el hotel de Vara de Rey y el Playa Real. Yo ya sé que los servicios técnicos no quieren poner nombres y apellidos a los expedientes pero nos gustaría saberlo. Cada uno es libre de pedir una información y de saber las consecuencias de llevar una suspensión a este plenario», ha destacado el edil.
Rodrigo también ha criticado que se suspendan “determinados usos”, como el de instalar nuevas discotecas, y ha asegurado que esta “prohibición no está fundamentada” en el documento de la moratoria.
Al respecto, el concejal Juan Flores ha explicado al final del pleno que la prohibición de instalar discotecas se mantiene porque el equipo de gobierno está de acuerdo con esta medida establecida en el plan del 2009.
Responsabilidades patrimoniales
El concejal de Epic, Antonio Villalonga, ha motivado su voto de abstención porque en su momento “no se hicieron bien los planes” y porque considera que habría que reformular el documento para introducir mejoras para la sostenibilidad.
Por su parte, Marienna Sánchez Jáuregui se interesó por un informe jurídico que se hizo ‘in voce’ en la comisión para saber si se había introducido por escrito en el acta. La edil hacía referencia, según ha explicado la alcaldesa, Virginia Marí, a las posibles responsabilidades patrimoniales que pudieran recaer en los concejales que votaran a favor de la suspensión.
Virginia Marí, que quiso ejercer un turno de palabra, ha recordado que “nos hemos encontrado una situación que nadie quería y que no se esperaba” y ha pedido a los concejales “responsabilidad” a la hora de emitir sus votos.
“Responsabilidad personal y patrimonial no tenemos de ningún tipo, que era lo que la señora Jáuregui preguntaba”, ha asegurado la alcaldesa.
La primera edil ha señalado que “todo está en marcha”, tanto el avance del nuevo plan como la solicitud del informe ambiental y ha señalado que los proyectos que se podrían ver afectados todavía “no tienen ni la licencia admitida porque les faltan informes, tanto de Costas como de Gesa”. “O sea que lo de la responsabilidad es relativo, y en todo caso se tendrán que devolver las tasas”, ha destacado la primera edil.
Por su parte, Rafa Ruiz también ha pedido que el nuevo documento se apruebe “lo más rápido posible” ya que “el ritmo hasta ahora nos preocupa un poco”. Ruiz ha mostrado su preocupación porque “pase un año” y no se haya redactado el nuevo plan, dando lugar así a la entrada en vigor del PGOU de 1987, mucho más permisivo con la edificación y con los usos como la instalación de nuevas discotecas, prohibidas desde 2009.
La fecha prevista de entrada en vigor de la moratoria debe a que el plan de 1987 no se publicó en su momento en el BOIB, y a raíz de la sentencia se acaba de incluir en el mismo. Su entrada en vigor, al tratarse de un plan urbanístico, se produce quince días después de su publicación en el Butlletí Oficial. Ese día será el 18 de abril, jornada en la que empezará la moratoria.
