@B.R./ El Ayuntamiento de Sant Antoni confía en dictar a finales de este mismo mes o principios del que viene la orden de demolición de la parte ilegal de la casa patera de Sant Antoni, en la que han llegado a convivir un centenar de personas.
El alcalde de Sant Antoni, José Tur ‘Cires’, señala que le gustaría ser «más rápido» en la toma de decisiones, algo que se lo imposibilita el hecho de tener que cumplir con los plazos administrativos.
Y es que, según avanza, una vez que se emita esta orden de demolición, el propietario tendrá derecho a defenderse, esta vez por vía judicial. En caso de hacerlo se deberán cumplir con los plazos judiciales que marca la ley.
En relación al fondo de la cuestión, ‘Cires’ señala que sí han contado con el apoyo del Consell d’Eivissa-que tiene un expediente abierto desde 2015- «aunque al no ser un tema turístico no pueden actuar». «Se trata de un hombre que, en su día, tenía una casa pequeña y que la ha transformado en una casa grande y ha hecho una serie de distribuciones que luego las alquila a gente por tres, cuatro o seis meses», señala.
El primer edil ha recordado que en época del Partido Popular ya detectaron la situación «y no actuaron». Y es que, en el informe técnico realizado por el Consistorio constan, al menos, tres boletines de denuncia vinculados a esta vivienda (2001, 2002 y 2004), por los que se llegó a dictar orden de precinto al menos en dos ocasiones sin que la medida se llevara a cabo y sin que continuara la tramitación del expediente.
