@Noudiari/ El sindicato mayoritario de funcionarios del ámbito de la justicia, el CSIF, exige al Ministerio de Justicia que tome medidas y busque soluciones a los continuos problemas informáticos a los que se enfrentan diariamente los trabajadores. Los funcionarios están «hartos de la propaganda triunfalista que no se corresponde con la realidad de su trabajo diario. Gracias a su esfuerzo, compromiso y responsabilidad, la Justicia sigue funcionando a pesar del caos informático. Un esfuerzo que en ningún momento se ha visto reconocido por el Ministerio», según han explicado desde el sindicato en un comunicado.
El próximo día 26 de enero se celebrará una nueva reunión de la Comisión de seguimiento de nuevas tecnologías, a la que CSIF «asistirá por respeto al personal de la Administración de Justicia al que representamos y porque entendemos que es nuestra responsabilidad y obligación trasladar todas las quejas, necesidades y sugerencias que recibimos, a diario, de nuestros compañeros».
En este momento, como explican los representantes sindicales, esta Comisión «es el único foro donde, al menos, el Ministerio escucha un discurso distinto del triunfalismo que nos venden sus responsables. De un tiempo a esta parte el Ministerio ha ido arrinconando esta comisión de seguimiento, devaluando su importancia y en definitiva, pasando olímpicamente de la realidad que padecen los funcionarios a diario con la única finalidad de que no haya voces discordantes del discurso oficial del todo va bien».
Para CSIF «no es suficiente con convocar reuniones, hay que poner soluciones permanentes de forma inmediata en vez de estar poniendo parches y desarrollando unas herramientas informáticas obsoletas, que sólo traen problemas y despilfarro de medios. A ver si se enteran de una vez LexNET y Minerva NO SIRVEN».
La ‘justicia digital’ no funciona
Para CSIF «deberían estar ya en marcha las pruebas de un nuevo programa del Ministerio que sea ‘interoperable’. No se puede trasladar a la opinión pública, como viene haciendo el Ministerio, que se sigue avanzando en las comunicaciones electrónicas y en el despliegue de la Justicia Digital, tanto en el ámbito del Ministerio como en la Comunidades Autónomas con competencias transferidas, cuando la realidad es que la introducción de estas nuevas tecnologías ha supuesto una ralentización de los mismos, por la falta de integración entre las diferentes aplicaciones informáticas».
Dejando a un lado «la exasperante lentitud de los programas», dicen los trabajadores, en las ciudades que se ha implantado el expediente electrónico, «ni un solo día han funcionado correctamente todas las aplicaciones a la vez; cuando no falla una, falla la otra, bien sea Minerva, Lexnet, la firma digital, el visor, etc. Los funcionarios están redoblando sus esfuerzos para que esto funcione, pero así no se puede trabajar», han sentenciado.
Los trabajadores de justicia sostienen que «la experiencia demuestra que cada vez que se introduce una versión nueva, estropea alguna anterior, además de no comunicar a los funcionarios los nuevos cambios que se introducen». Critican también la falta de medios porque «los funcionarios están hartos de comunicar incidencias que tarde y mal o, directamente, no encuentran solución. Si de verdad es importante que se comuniquen las incidencias el Ministerio debería prestarles atención. De otro modo, pensaremos que no interesa que haya incidencias para así presumir de cifras en la revista y en las ruedas de prensa».
Formación insuficiente y falta de planificación
Según el CSIF, el Ministerio «presume de la formación, que además de ser insuficiente, han recortado, reduciendo los efectivos de formadores en el puesto de trabajo que ayudaban a los funcionarios in situ, en sus dudas y problemas con las aplicaciones informáticas».
Además, explican que a partir del 1 de enero entra en vigor la obligación de utilizar medios electrónicos en la relación con la Administración de Justicia también para las personas jurídicas, la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad jurídica, los centros hospitalarios y las entidades sin personalidad jurídica y las administraciones públicas, todo ello «sin solucionar los problemas anteriores, lo que va a terminar de precipitar el desastre como lo fue la imposición del mal llamado ‘papel cero’ a principios de 2016».
Los representantes de los trabajadores concluyen que «ésta es la realidad de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia y del llamado ‘papel cero’. Ésta es la realidad a la que se enfrentan día tras día los funcionarios, redoblando sus esfuerzos para poder prestar un servicio de calidad a los ciudadanos».
A los políticos jamás les interesará que la justicia funcione como un reloj.
Es fácil intuir porqué.