Sant Antoni recurre a la vía judicial para poder precintar el chalé patera

@B. R. / El Ayuntamiento de Sant Antoni pedirá «auxilio judicial» para poder precintar el chalé patera, que alberga a cerca de un centenar de personas en el número 2 de la calle General Gotarredona. Así lo ha asegurado la concejala de Urbanismo y Actividades, Cristina Ribas, después de que el propietario del inmueble, Agustín Sales, impidiera hoy el precinto de la vivienda sin una orden judicial.

A las 12 horas, varios agentes agentes de la Policía Local de Sant Antoni, cuatro de la Guardia Civil y la inspectora de Actividades del Consistorio han acudido a la vivienda ubicada en la calle General Gotarredona para notificarle la resolución del recurso presentado el pasado viernes ante el Consistorio.  Según ha explicado Ribas, en dicho recurso Sales no aceptaba la orden municipal de desalojo.

Cristina Ribas ha señalado que el propietario «no ha querido colaborar y ha pedido a la gente que vive allí que no se desaloje», unas 80 personas, según declaró el mismo Sales hace unas semanas. La responsable del departamento de Urbanismo y Actividades ha asegurado que esta situación estaba dentro de las previsiones y lo ha tildado de ser “un paso más” en este largo recorrido.

Ante esta situación, el Consistorio emprende ahora la vía judicial con el fin de que un juez autorice una orden para desalojar el inmueble y, posteriormente, poder proceder así al precinto.

Sanciones mensuales por más de 212.000 euros

Además de la vía judicial, Ribas ha señalado que la administración municipal iniciará a partir de ahora la imposición de multas coercitivas. Por una parte, superado el plazo para presentar proyecto de demolición, el Consistorio impondrá multas por valor del 10% de la obra, es decir, unos 106.000 euros mensuales. Por otro, también se le multará por no paralizar los usos. En este caso, estas sanciones también ascienden al 10% del valor de la obra con una periodicidad mínima de diez días. Esto supondría que Sales debería enfrentarse a multas mensuales por valor superior a los 212.000 euros, en función de la periodicidad con que se impongan las segundas.

En el caso de las primeras sanciones se pueden prolongar durante un año, “después ya sería el Ayuntamiento quien, subsidiariamente, podría demoler el inmueble”, ha puntualizado Ribas.

Sales, por su parte, no ha querido hacer declaraciones ante los medios al señalar que los medios están “ayudando a una parte”. “Nadie se ha puesto a favor de esta casa, habláis en contra de mí y a favor del ayuntamiento”, ha concluido.

La presencia de los agentes de las fuerzas de seguridad se ha prolongado escasamente 20 minutos, tiempo necesario para rellenar el acta en la que se constataba que Sales se negaba a que se precintase el inmueble sin una orden judicial. Ante la funcionaria del Consistorio, Sales ha asegurado que en la vivienda no hay ningún menor a excepción de su nieto y ha asegurado que desconocía el número de personas alojadas.