@Noudiari / El impulsor de un chiringuito en la costa de Cala Gració, que ya presentó alegaciones a la paralización del inicio de la actividad, se ha querellado contra el alcalde de Sant Antoni, Pep Tur; la concejala de Urbanismo, Cristina Ribas, y dos técnicas municipales al considerar que han incurrido en un delito de prevaricación, según ha adelantado Diario de Ibiza y ha confirmado el Consistorio de Portmany.
El abogado que defiende los intereses del empresario mallorquín es el exfiscal anticorrupción Pedro Horrach.
Los servicios jurídicos de la corporación municipal deben decidir todavía si permiten la actividad del kiosko en el Cap Negret, que recibió luz verde de la Demarcación de Costas, del Govern balear y de Sant Antoni, que a posterior encontró “irregularidades” en el proyecto.
El alcalde Pep Tur aseveró durante un pleno que no podían informar desfavorablemente del negocio, que cumplía con la normativa y que ya tenía un informe positivo de Costas y de la conselleria de Medio Ambiente. Unos días antes fue el conseller Vicenç Vidal quien descargó sobre la Demarcación de Costas la responsabilidad de la apertura del chiringuito. Una patata caliente de la que todas las administraciones huyen, aunque está a pocos pasos de tener licencia de actividad.
