@Vicent Torres / El Parlament balear iniciará la semana que viene el debate del Proyecto de Ley Agraria, que ha entrado de lleno en el debate mediático de las Pitiüses por un artículo 104 que los expertos aseguran que dejaría inedificable todos los terrenos calificados como rústico común. Sin embargo, desde la conselleria de Medio Ambiente aseguran que existe «voluntad de rebajar las exigencias» de la norma, que define qué debe considerarse como una zona de alto valor agrario en Balears.
«En estos momentos, estamos haciendo una propuesta de explotación preferente. Existe la voluntad de rebajar las exigencias territoriales. Lo que buscamos principalmente con esta ley es que se pongan en marcha las explotaciones agrarias», ha explicado el director general de Agricultura y Ramaderia, Mateu Ginard.
En este sentido, Ginard ha matizado que la idea original del Proyecto de Ley Agraria no es la de legislar en lo que hace referencia a la ordenación del territorio. No en vano, son los diferentes consells insulars las administraciones competentes en este sentido.
«Lo que hacemos es una descripción de lo que entendemos por alto valor agrario y delimitamos las zonas según su productividad, si tienen un suelo fértil, agua cerca o una red de regadío, por ejemplo. Es el Consell Insular el que debe definir las zonas, ya que es la autoridad competente, y decir cuáles quiere declarar como alto valor agrario», ha añadido Ginard.
La Ley Agraria únicamente permitirá nuevas edificaciones en estas zonas si están vinculadas a una explotación agraria preferente, que deberá tener, según contempla la ley, una producción mínima de 0,5 Unidades de Trabajo Agrario (UTA) en Eivissa y de 0,3 en Formentera.
«La idea no es que todo el suelo rústico común sea de alto valor agrario», ha matizado el director general de Agricultura y Ramaderia, que ha apuntado: «Lo que queremos es preservar estas zonas de interés agrícola igual que se hace con las naturales. Que sean más grandes o menos lo decidirá el Consell. Además, tendrán preferencia a la hora de adjudicar servicios, ayudas y subvenciones de la conselleria».
