@Pablo Sierra / En mitad del Pla de Corona se ha instalado una casa prefabricada y el Consell d’Eivissa está estudiando la situación de la vivienda.
Una denuncia de la Guardia Civil alertó de la presencia de esta vivienda a los técnicos de la conselleria de Territori. Desde la máxima institución insular explican que el departamento que dirige la socialista Pepa Marí está reuniendo toda la información disponible sobre la vivienda para «iniciar las acciones que se consideren oportunas».
Los técnicos de Territori también evalúan el expediente elaborado por el Ayuntamiento de Sant Antoni sobre esta casa prefabricada, colocada a poco más de un kilómetro de la iglesia de Santa Agnès, una de las parroquias del municipio portmanyí.
Cristina Ribas, concejala sanantoniense de Urbanismo, ha preferido no hacer declaraciones al haber remitido el expediente de la casa al Consell, el órgano competente sobre este tipo de suelo.
El Plan Territorial Insular (PTI) es claro respecto a este tipo de edificaciones no permanentes. Están prohibidas en suelo rural, igual que las casas de madera prefabricadas o las viviendas que imitan la arquitectura tradicional de regiones ajenas a las Pitiüses.
El Pla de Corona, además, forma parte del Área Natural de es Amunts y tiene catalogación de Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP).
La casa se ubica en el oeste del valle, a pocos metros de uno de los caminos de tierra que lo atraviesan de extremo a extremo y junto a una viña de la que la separa una pared de piedra seca. La forman dos módulos: uno principal de forma rectangular y aproximadamente 60 metros cuadrados, y otro secundario, con aspecto de almacén o garaje, de una decena de metros cuadrados. No tiene aspecto de estar habitada. Sobre el techo hay colocadas varias placas solares y sus paredes están pintadas de color ocre, a juego con los tonos del suelo de los campos de almendros que la rodean.
Pese a que estas viviendas no se pueden instalar en el campo ibicenco, desde plataformas como Airbnb se ofrecen tipis indios y casetas de madera para alquilar a turistas a cambio de 80 euros la noche.
Precedentes en el municipio Santa Eulària
Las casas modulares le han dado algún quebradero de cabeza al Ayuntamiento de Santa Eulària. En mayo de 2017, el Consistorio impidió la instalación de una vivienda de estas características en un terreno de Sant Carles.
La Guardia Civil de Tráfico recibió una petición especial de acompañamiento por carretera días antes y, al constatar de que se trataba de una casa prefabricada, avisó al Ayuntamiento de la Villa del Río, que impidió que la casa fuera descargada en el puerto de Vila.
El Consistorio había decidido sancionar poco antes a la empresa que instaló una vivienda prefabricada sin licencia en el barrio de Can Lluís de sa Rota, dentro de los límites de la parroquia de Jesús. La multa fue de 65.000 euros.
El propietario de la parcela residía en los módulos prefabricados que colocó sobre una base de hormigón, un espacio que contaba con salón, cocina, baño y dos habitaciones repartidos en unos 60 metros cuadrados. Según explicó, comprar aquella vivienda móvil y situarla en un terreno donde no podía construir fue su única alternativa después de divorciarse y cobrar la parte del piso en el que vivía con su ex mujer.
La burbuja inmobiliaria que sufre la isla, decía, le hacía imposible comprar una casa normal. Sin trabajo por culpa de una lesión, lamentaba que los abusivos precios del alquiler también invalidaban esa opción a largo plazo por temor a gastarse en poco tiempo el dinero que había cobrado por su antiguo piso. Por no obedecer las advertencias de Santa Eulària, que le avisó de que estaba incumpliendo las Normas Subsidiarias del municipio, fue sancionado con 110.000 euros.
Si es un propietario con esa única forma de tener una casa, me parece ajustado a la supervivencia. Sí por el contrario, es un multipropietario y se ocupa de especular alquilando para enriquecerse sin más, destrozando la estabilidad social… mano dura!!
Esto es lo que se dice, quedarse sin novia y además apaleado. Que esto pase dice muy mal de nuestras autoridades pues anteponen un PTI, una ley local «suigeneris»por delante de lo que nos dice la Constitución sobre la propiedad y por otra parte la ley que nos dice que toda persona tiene el derecho de poseer una vivienda digna.Las autoridades deben anteponer los derechos de las personas sin menoscabo de los medios ambientales. Ambos son compatibles
Hay algo que no entiendo. Pasa en Santa Eulària y el Ayuntamiento actúa, pasa en Sant Antoni y el Ayuntamiento NO actúa. Que me lo expliquen xq no me cuadra.
En uno son eficaces, en otro no saben ni barrer su casa.
Molt senzill, en Santa Eulària, un cas ja fa temps què va passar i ja han pogut prendre accions i s’altre cas el varen detectar quasi per casualitat. A Sant Antoni acaben de rebre la denúncia i ara comença la tramitació de les mesures a prendre.
No exactament. L’Ajuntament de Sant Antoni ha enviat l’expedient al consell. Així q ja fa dies que ho sap, Joanet. I a més Cires es de per allí prop. I crec q coneix al duenyo de la casa i de la presumpte infracció urbanística. Si vols en parlam més… de de l’ordi.