EFE / La isla de Formentera es el primer territorio de España que limita y fija un cupo máximo en la entrada de vehículos para salvaguardar su medio ambiente y rebajar la presión de sus carreteras, tras aprobarse este martes en el Parlament balear la Ley para la Sostenibilidad Ambiental y Económica de Formentera.
La ley fija un tope en la circulación de coches, motos y furgonetas durante la temporada turística y un máximo para las empresas de alquiler y, por otra parte, potencia el uso del transporte público y la movilidad sostenible.
Además, el Consell de Formentera aprobará una tasa que gravará la entrada de vehículos en la isla, que en verano multiplica por cinco su parque automovilístico: en Formentera circulan unos 30.000 vehículos en verano por una red viaria de 38,5 kilómetros de longitud.
El Consell de Formentera deberá establecer próximamente el cupo de vehículos que podrán circular por la isla a partir del próximo verano.
La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha anunciado una ayuda directa de 350.000 euros para reforzar la red de transporte público de la isla y dar alternativas al transporte privado.
El presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, ha mostrado este martes su satisfacción porque esta ley es una «reivindicación» de los partidos de la isla desde hace años para restringir la entrada de vehículos con el fin de lograr una «isla sostenible y más tranquila».
La ley establece excepciones a la entrada y circulación, que no afecta a los residentes de la isla mediterránea, a los vehículos de personas con movilidad reducida, los de servicio público, los tractores o los que transportan bienes y mercaderías para la isla.
En declaraciones a los periodistas, Ferrer se ha referido a que esta iniciativa ya está en marcha en otras islas europeas como Capri en ciudades que restringen el tráfico para reducir la contaminación ambiental, como Londres o Madrid.
Además, el presidente del Consell de Formentera ha explicado que se prevé cobrar una «tasa muy light» por la entrada de vehículos -no para los residentes- que se destinará a la mejora del transporte público de la isla.
Los cupos se establecerán según las cifras de vehículos de los últimos años y la «idea» del Consell de Formentera es que la ley esté vigente a partir del verano, aunque este primer año será una «aplicación tranquila», ha comentado Ferrer.
Las compañías navieras, según la ley, tienen la obligación de informar a los clientes sobre la necesidad de disponer de la correspondiente autorización para que sus vehículos desembarquen en la isla.
El régimen sancionador previsto va de los 1.000 euros en caso de infracciones leves a los 10.000 de las graves, aunque se reducirán un 20 % si el infractor reconoce su culpabilidad y un extra de 20 % si paga con celeridad.
La ley también incluye la obligación de instalar puntos de recarga eléctricos en aparcamientos públicos, la promoción de servicios y transporte público no contaminantes, la potenciación del uso de vehículos eléctricos y no contaminantes y la elaboración de proyectos destinados a consolidar la sostenibilidad ambiental.
El conseller balear del Territorio, Energía y Movilidad, Mar Pons, ha manifestado que «esta ley llega con la voluntad de cambiar las cosas, de afrontar los problemas desde ya mismo».
