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La situación económica no permite ironías, por Joan Miquel Perpinya

Joan Miquel Perpinya / No llevo la cuenta de los artículos de opinión que habré escrito en mis 47 años de vida. Empecé muy jovencito enviando cartas al director hasta que en el culmen de mi carrera profesional, el director llegué a ser yo. He tecleado miles de textos y desde luego, hay muchos de los que estoy muy orgulloso; pero también hay otros que hubiese querido no haber escrito nunca, porque me equivoqué. Nunca jamás falté a la verdad conscientemente, pero a menudo no lo hice todo lo bien que debía y a veces, di pie a interpretaciones erróneas. 




Justo esto es lo que sucedió en mis cavilaciones de este jueves con el artículo titulado ‘Un escudo social agujereado’. Eché mano de la ironía pero me quedé muy corto. Eso dio lugar a que mi artículo, que pretendía ser crítico con la Administración en sus ayudas —o más bien en su falta o escasez de ellas— a los sectores económicos afectados por las medidas sanitarias, en especial al sector de la restauración y la hostelería, acabó resultando confuso y pudo ser interpretado como una crítica a la Associació de Bars i Restaurants d’Eivissa (ABRE) y en especial a los dos dirigentes que cité, Joan Roig y Juan Olmos. Aquí tienen mis sinceras disculpas porque mi intención inicial, claramente no alcanzada, fue la de apoyarles en sus reivindicaciones. Y es que en un contexto dramático como es el que ellos atraviesan, la ironía escrita, a diferencia de la verbal, está fuera de lugar porque interpretarla es verdaderamente difícil si el autor no lo hace muy bien, como es el caso. Mea culpa.

El Govern balear y los consells insulars establecieron, tras una multitudinaria manifestación de restauradores en Palma, una ayuda de 1.500 euros mensuales a bares, restaurantes y gimnasios, con el objetivo de facilitar liquidez a las empresas, devoradas por los gastos fijos imposibles de costear sin ingresos. Esta cantidad es claramente insuficiente y no evitará el cierre de numerosos establecimientos. Además, no debe de hacerse tabla rasa con una escuálida tarifa plana porque no es lo mismo un bar con dos empleados y un alquiler de 800 euros, que un restaurante con 15 trabajadores y un alquiler de 3.000 euros. Y eso el Govern no lo diferencia, lo cual es injusto. 

Si se presume de haber establecido un “escudo social” para salvar las empresas y los puestos de trabajo, las medidas aprobadas tienen que ser efectivas porque está mucho en juego. Y las adoptadas por el Govern balear con la colaboración de consells y ajuntaments, no lo son. Por ello, conviene que dejen de hablar tanto de “no dejar a nadie atrás” y se pongan realmente a rescatar de la inminente ruina a miles de negocios, muchos de ellos familiares, gracias a los cuales muchas personas viven y que constituyen su único sustento.

La Comisión Europea estimó el jueves que tras la caída del PIB español de un 11% en 2020 (en Baleares alcanza el 27%, más del doble), la economía rebotará con fuerza (un 5,6% en 2021 y un 5,3% en 2022). Este optimismo contrasta con la advertencia de que el tejido productivo compuesto por pequeñas y medianas empresas del sector servicios y asociadas al turismo, presentan un elevado riesgo de quiebra. 

Es por ello que hay que proteger los empleos con los ERTE y dar liquidez a las empresas con ayudas directas y darlas ya. Porque no es solo que la cuantía propuesta por el Govern sea insuficiente, sino que además debemos preguntarnos ¿cuándo las abonarán? ¿Cuando los negocios ya hayan quebrado? Además, la documentación que se les exige —y el requisito de no tener deudas con la Administración, que clama al cielo—, es del todo excesiva e innecesaria. Parece una convocatoria para que nadie pida las ayudas. Y esto no es ironía.

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