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Reclaman que los opositores a docentes de Ibiza y Formentera no tengan que desplazarse a Palma para las pruebas escritas

NouDiari / El sindicato STEI intersindical ha enviado un escrito a la Conselleria de Educación en el que pide que los opositores docentes no tengan que desplazarse de isla para hacer los exámenes escritos.

Esta reclamación no es nueva, pero toma todavía más importancia ahora que es preciso limitar desplazamientos por la pandemia.

“Hemos pedido en varias ocasiones a la Conselleria que establezca un sistema de evaluación para que las personas que opositen en plazas docentes en islas donde no hay tribunal de su especialidad, no se tengan que desplazar a Mallorca”, relatan.

Hasta ahora, el argumento principal es que ibicencos y formenterenses tienen que pagar de su bolsillo desplazamientos y hoteles y esto supone un agravio comparativo con respecto a las personas que pueden hacer las oposiciones en la misma isla donde trabajan o residen, explican.




Esto supone, argumentan, que los opositores no acuden al examen en condiciones de igualdad, ni por el dinero gastado ni por el sobreesfuerzo que supone o los nervios de las fechas y los aviones.

Este año, además, hay que sumar una situación de pandemia: “Las recomendaciones sanitarias de evitar desplazamientos y aglomeraciones, así como la carencia de buenas conexiones”, refuerzan los argumentos de STEI intersindical.

Por eso reclaman que “todo el mundo pueda hacer las pruebas escritas en la isla donde ha decidido optar a plaza en el proceso selectivo”.

“Hemos puesto sobre la mesa diferentes opciones. Una es hacerlo como la PBAU, donde los estudiantes hacen la prueba, se guarda en un sobre cerrado y se envía a los correctores”, explican.

Además, hay otras muchas soluciones que se pueden tener en cuenta “y que la Conselleria debería escuchar”, remarcan.

En todo caso, el sindicato exige que los exámenes se hagan con medidas de seguridad extremas, con poco aforo, ventilación, distancias, limpieza profunda de los espacios y todo aquello que pueda minimizar los riesgos de contagio tanto a los opositores y opositoras como a los miembros de los tribunales.

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