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Inmobiliarias y bancos, propietarios de los seis pisos expropiados en Ibiza para destinarlos al alquiler social

NouDiari / El Govern balear ha hecho público el listado de grandes propietarios a quienes tiene previsto expropiar 56 pisos para destinarlos a viviendas sociales por un periodo de siete años, seis de los cuales se encuentran en la isla de Ibiza (dos en Santa Eulària, tres en Sant Antoni y uno en Vila).



La propiedad dichos pisos corresponde a empresas inmobiliarios (Limara, Coral Homes, Coliseum Residential, Coliseum Real Estate, Unión Crédito Inmobiliario, Aliseda, Gasolina y Gasoils Low Cost Barcelona, Global o Divarian) y entidades bancarias (Banco Sabadell, Bankia, Santander o BBVA, entre otros).

El tamaño de los pisos expropiados de forma temporal en Ibiza va desde los 43 a los 93 metros cuadrados. Los que se encuentran en Santa Eulària pertenecen a Glogal Pantelaria SA (43m2) y a Divarian Propiedad SA (93m2), mientras que los tres de Sant Antoni son de Alisenda SAU (88m2) y Promontoria Coliseum Real Estate SL (de 70 y 72 m2). Por último, el que se encuentra en el municipio de Vila es propiedad de Inversiones Inmobiliarias Limara SL (81 m2).

Esta resolución ha sido firmada por el conseller balear de Vivienda y Movilidad, el hasta hace un par de semanas alcalde del municipio ibicenco de Sant Josep de sa Talaia, Pep Marí Ribas, Agustinet, y se ha publicadoen el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) este jueves.

Se trata del primer paso en el proceso de expropiación de viviendas a los grandes tenedores incluidos en el registro creado por el Ejecutivo balear tras la aprobación de la Ley 5/2018 de 19 de junio.

Según ha señalado el propio Govern balear, la administración pagará una media de 391 euros mensuales como compensación, un precio inferior al precio medio de la vivienda en alquiler en el archipiélago, de 624.

A pesar de este primer paso dado por el Ejecutivo hacia la expropiación temporal de pisos a los grandes tenedores, los afectados tienen la posibilidad de reclamar judicialmente medidas cautelares sobre la controvertida medida adoptada por el Govern balear.

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