@Noudiari/El Govern balear responderá finalmente a la reivindicación que se le ha trasladado desde Ibiza para la aprobación de un Decreto Ley de Medidas Urgentes Contra la Sequía, un documento que permitirá adoptar medidas extraordinarias para paliar la situación de falta de agua y que le habían reclamado, tanto desde el equipo de gobierno del Consell Insular, como los diputados de Podem Balears y el Ayuntamiento de Sant Josep.
El conseller balear de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, se ha comprometido a tener listo un borrador de ese Decreto Ley «en quince días», tras la reunión mantenida este miércoles con el presidente de la Comisión balear de la materia, Baltasar Picornell y el diputado de Podemos por Ibiza y miembro de esa comisión medioambiental, Aitor Morrás, que ha recordado que la isla «vive una sequía histórica». Si ese documento llega en el plazo acordado de 15 días, podría estar en marcha en aproximadamente un mes, según han manifestado durante el encuentro.
Podemos aplaude la medida
El diputado Aitor Morrás ha incidido en que esta situación de sequía se debe «a una falta de planificación de los recursos hídricos de la isla» y ha explicado que «hay 6.000 pozos sobreexplotados, muchos que no están controlados ni inspeccionados y que también lo estarán y que hay un consumo irresponsable del agua». Por eso, reclama Morrás, «las administraciones locales han de tener también la capacidad de reacción para aplicar medidas urgentes para este ahorro de agua, algunos ayuntamientos siguen usando agua para regar las rotondas o para limpiar las calles, cuando en realidad es necesaria para el consumo humano».
Picornell y Morrás también han trasladado al Conseller las demandas de la sociedad civil, hoteleros, representantes políticos y grupos ecologistas que recogieron durante una reunión mantenida el pasado viernes. Piden políticas «para salvaguardar los recursos hídricos a largo plazo» y la creación de una mesa técnica, además de medidas de concienciación dirigidas a empresarios y ayuntamientos.
Medidas concretas
Las tareas de concienciación, para los diputados de Podem, deberían pasar porque los ayuntamientos rieguen con moderación rotondas y jardines, así como «moderar el uso de agua para la limpieza de coches, embarcaciones o yates de lujo, ya que también comportan un gasto excesivo». Añaden que hay que concienciar al Govern de que «tener pozos de agua salada es igual a no tener agua».
Entre las reivindicaciones que también han llevado a Mallorca está la petición del traspaso de las competencias en materia de agua y la creación de una Agencia Insular del Agua, además de aumentar el control sobre los pozos y el número de inspectores que se dedican a esa tarea. Piden también más inversión para mejorar las infraestructuras y la red de abastecimiento de agua para evitar pérdidas, «estudiando fórmulas para poder invertir de forma independiente al gobierno central».
Finalmente, para los miembros de la Comisión Balear de Medio Ambiente, es necesario «manifestarse en contra del Plan Hidrológico estatal, «centrado en la sobreexplotación y la desregularización del uso del agua». Todas estas peticiones, concluyen, deben quedar reflejadas también en el Decreto Ley de Medidas Urgentes que redacte el ejecutivo autonómico.
Auditoría y moratoria
Los diputados regionales continúan exigiendo una auditoría del sobrecoste de las obras de la depuradora de Santa Eulària y la gestión pública de la misma, así como un estudio de la situación de los acuíferos de la isla. Mientras tanto, dicen, «cabe establecer una moratoria a las autorizaciones y concesiones de extracción y de nuevos provechamientos de agua soterradas en Ibiza».
Morrás y Picornell han recordado que la desaladora de la Villa del Río «no se pone en marcha porque las autoridades no quieren asumir los 19 millones de euros de sobrecostey no se conecta con otras infraestructuras. Todo eso ha derivado en que 15.000 personas se encuentran bebiendo y realizando sus actividades cotidianas con agua salada e insalubre y obligadas a comprar grandes cantidades de agua embotellada, con el consiguiente gasto que supone y el enriquecimiento para los lobbys del agua».
