@Noudiari/ El candidato al Congreso por Baleares de la candidatura de Unidad Popular, Artur Parrón, propugna la intervención pública ante la situación de emergencia habitacional.
Para Parrón, el «drama de los desahucios continúa de forma imparable y la especulación hace que sea imposible encontrar viviendas de alquiler a precios razonables».
El candidato al Congreso de la candidatura de Unitat Popular considera que el acceso a la vivienda, «lejos de ser el derecho que teóricamente protege la Constitución, ha devenido imposible para un gran número de familias, que no tienen recursos suficientes para hacer frente a unos precios absolutamente abusivos provocados por el especulación y las políticas neoliberales, que han llevado a una situación de emergencia habitacional».
Por este motivo, Parrón considera «imprescindible» la intervención directa del Estado y las administraciones públicas. «Desde Unitat Popular propugnamos la aprobación de una ley orgánica que desarrolle el derecho constitucional a una vivienda digna, así como la constitución de un parque público de viviendas a partir de las viviendas vacías que están en manos de entidades financieras y sociedades inmobiliarias y la creación de oficinas de defensa de la vivienda por parte de las administraciones con la función de prevenir, intermediar y proteger a las familias en riesgo de exclusión», apuntan.
Para evitar que continúen los desahucios de la vivienda familiar, desde Unitat Popular proponen regular la dación en pago, que debe suponer la condonación de la deuda hipotecaria. Además, las entidades financieras deberán garantizar un alquiler social por los deudores de buena fe que no dispongan de alternativa habitacional.
Además, en los casos de primer y única vivienda familiar, esta vivienda se considerará «inembargable y prohibir los desahucios de personas en riesgo de vulnerabilidad».
La formación también propone: sancionar las entidades financieras que mantengan un stock de viviendas vacías, llegando a su expropiación en los casos de entidades que practican desahucios de familias en riesgo de exclusión social; promocionar las viviendas de alquiler y la rehabilitación de edificios antes de que la construcción de nuevos edificios.
Para controlar los abusos en los pisos de alquiler, que en Baleares alcanzan precios «absolutamente prohibitivos para las familias trabajadoras», Unitat Popular aumentará las inspecciones, sancionando los usos turísticos fraudulentos que eliminan viviendas del mercado de alquiler y favorecen la subida desmesurada del precio de los alquileres.
