@B.R./ El pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària aprobó ayer por unanimidad iniciar el procedimiento de resolución del contrato de concesión de construcción y explotación del aparcamiento subterráneo de vehículos en el Paseo de la Paz.
Este procedimiento se debe, según explicó el concejal Mariano Juan, a la caducidad del secuestro de la concesión hacer ahora casi tres años. Esta caducidad tendrá lugar en unos mese por lo que se inicia un procedimiento para dar audiencia a la UTE de empresas concesionarias «con el fin de que nadie se sienta indefenso».
Aún así, Juan explicó que, de momento, «desconocemos la intención de la concesionaria y por eso se le da audiencia». Señaló que desde que se secuestró la concesión «no ha habido ningún contacto y ha desaparecido». De hecho, dos de las tres empresas que forman esta UTE se encuentran en suspensión de pago y el administrador no ha hecho ni alegaciones ni ha recurrido ninguna de las multas que se han impuesto, «por lo que entendemos que están desaparecidos».
«Ahora mismo entendemos que ellos no están en posesión de asumir ningún cargo, aun así estamos a la espera», apuntó Juan, que resaltó que, en el caso de que se presenten con la intención de hacerse cargo de la concesión otra vez «deberán acreditar que tienen solvencia técnica y económica».
Ahora, se inicia este procedimiento que, de culminar con el rescate de la concesión, supondrá que el Consistorio accederá a la propiedad de la instalación y podrá determinar una nueva vía de gestión que garantice su viabilidad como servicio a los ciudadanos y visitantes de Santa Eulària.
Un millón de euros en multas
En relación a las multas y sanciones interpuestas a la concesionaria, el concejal Mariano Juan aseguró que actualmente hay unos 600.000 euros por el retraso de las obras, además de haberse incautado la fianza que supera los 300.000 euros. «Actualmente las penalidades rondan el millón de euros, con independencia de que el Ayuntamiento pueda pedir una indemnización adicional por daños y perjuicios», apuntó. Esta cifra, que se adeuda al Consistorio, va a cargo de la liquidación futura.
En caso de quedarse con la gestión del aparcamiento, que actualmente acoge entre 200 y 300 vehículos, no está claro cuánto debería abonar a la concesionaria por el aparcamiento, que tuvo un coste de unos seis millones de euros. En cualquier caso, «en ningún caso sería esa cantidad de seis millones de euros», aclaró Juan. Los motivos se encuentra a que no se finalizaron las obras, a las sanciones que hay sobre la UTE y otras deudas, como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que tampoco se ha abonado. De hecho, el concejal no descarta la opción de que no se tenga que abonar nada en caso de tener que liquidar el contrato, alegando una «negligencia grave»; «están todas las posibilidades abiertas», ha indicado.
Igualmente, también en el plenario ha aprobado el programa del año 2.016 del servicio de recogida de residuos, limpieza viaria y de playas. El próximo año se contará con un peón más de limpieza que permitirá reforzar el servicio a Sant Carles, Santa Gertrudis y Siesta, además de que se incrementarán los servicios de recogida de residuos y selectiva en todo el municipio. Estas mejoras y otras (como la adquisición de pequeños equipos tales como sopletes), además de la subida del IPC anual recogida en el contrato, harán que el coste del servicio llegue el próximo año a los 5,11 millones.
Transporte público y adaptado
La sesión plenaria también acordó pedir al Consell que construya un apeadero de autobús en la carretera de Cala Llonga, de su titularidad, en el barrio de Can Lluch y que daría servicio especialmente a los estudiantes de esta zona y de Valverde. Esta intervención se suma a la que la administración insular debería hacer en el barrio de sa Font y del que ya hace meses que se ha remitido un proyecto y un borrador de convenio para su realización.
Por último, también se ha aprobado una propuesta para pedir a la Conselleria balear de Educación y al Consell que adopten las medidas necesarias para solucionar el transporte adaptado a los alumnos que lo necesiten y pedir a las empresas que adapten sus vehículos para a que los estudiantes con necesidades especiales puedan usarlos con las máximas facilidades posibles. Durante la sesión, se ha añadido un punto más para pedir que disponer de vehículos adaptados forme parte de los criterios de selección de cara a futuros contratos de servicios.
