El PP de Sant Antoni tilda los presupuestos de «ineficaces, irreales e injustos»

@Noudiari/ El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sant Antoni ha presentado un total de cinco alegaciones a los presupuestos municipales para 2016.

Unas cuentas que, entre otras cosas, los populares han calificado de “ineficaces, arriesgadas, irreales, injustas, de contrataciones ilegales y de parroquias olvidadas”.

Desde el Partido Popular consideran que el procedimiento y legislación aplicable en el caso del nombramiento del nuevo cargo de confianza en materia de asesoramiento en seguridad, María Ángeles Gallardo, y del nuevo Ingeniero Superior no se ha cumplido. «De hecho ni siquiera consta que se haya elevado propuesta al Pleno Municipal para la modificación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) para incluir estas dos nuevas figuras. En el caso de la nueva asesora de seguridad tanto la Secretaría como la Intervención Municipal, que son las máximas autoridades administrativas del Ayuntamiento, advirtieron de la ilegalidad de la creación de esta plaza», advierten en un comunicado.

Además, según indican en el comunicado, no se ha cumplido el artículo 176 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, al no estar incluido este cargo de confianza en la relación de puestos de trabajo de la Corporación Municipal ni haberse procedido a su modificación para la inclusión del puesto descrito. Asimismo, no ha existido negociación con la Mesa General Sindical en referencia a la creación de esta figura, “hecho que damos por cierto al no haber recibido por parte del equipo de Gobierno el o las actas de la exigible negociación que están solicitadas desde noviembre de 2015 por los cauces legales establecidos”.
Desde el Grupo Popular entienden que no está justificada la creación de dicho cargo «ya que conlleva las mismas funciones que las del Jefe de Policía, con lo que se duplica el gasto para cubrir algo que ya está cubierto en la actualidad”. «Con una inversión mucho menor puede contratar a una empresa especializada o profesional del sector para elaborar un organigrama que racionalice los recursos existentes», aseguran.

Presupuestos «arriesgados»

Desde el Grupo Popular califican también de “arriesgados” los presupuestos municipales porque se basan en la obtención de un crédito “del que no hay ninguna garantía de que se reciba, por lo que, en caso de que así sea, todas las cuentas acabarían en papel mojado”.
Un crédito que serviría «básicamente para financiar la nave que ocupa la actual concesionaria del servicio de limpieza, algo totalmente innecesario, ya que la mejor opción es repercutir el coste de la citada nave en el pliego de condiciones de la nueva concesión». “Esto supondría poder realizar una inversión en nuestro municipio de más de 1,8 millones de euros, que proponemos que sean invertidos en las parroquias que no ha tenido en cuenta el tripartito de izquierdas (PSOE, Reinicia y PI) en la elaboración de las cuentas municipales”.

Con este dinero los populares también proponen mejorar parques infantiles “añadiendo nuevos juegos e incorporando adaptados a personas con discapacidad”, la continuación del Passeig de Ponent hasta Cala Gració o la ejecución de la segunda fase de Can Portmany.

Por otra parte, critican que el equipo de gobierno se haya olvidado totalmente de las parroquias del municipio. «De hecho las cuentas municipales no destinan ni un solo céntimo a estas zonas, que por su ubicación geográfica suelen tener más necesidades que el propio casco urbano”, indican.

Los populares recalcan a su vez que con los presupuestos municipales para 2016 se pone en evidencia la seguridad en las playas ya que esta partida se reduce en unos 8.000 euros cuando la actual normativa exige más medios humanos y materiales en las playas. “Si se reduce el presupuesto en este sentido no se podrá darse cumplimiento a la actual legislación, y si la intención es reducir horarios o temporada de servicio se estará mermando la calidad y la seguridad en nuestras playas. Hay que recordar que el nuevo decreto exige tener dos socorristas por playa, y en la actualidad sólo hay uno», critican.

Finalmente, denuncian que las cuentas públicas para 2016 omiten los créditos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones exigibles en relación a las aportaciones al consorcio de la movilidad, que equivale a un euro por habitante.