@C. V. / «Nosotros creemos profundamente en la participación de la ciudadanía a la hora de tomar decisiones», declara la consellera balear de Participació, Transparència i Cultura, Esperança Camps, que, junto a Miquel Gallardo, director general de Transparència, se han reunido este jueves con la consellera de Transparència, Participació, Bon Govern, TIC, Treball i Formació d’Eivissa, Viviana de Sans, y con la directora insular de Transparència, Participació y Bon Govern, Gloria Santiago, para tratar asuntos como la Oficina de Lucha Contra la Corrupción y la futura Ley de Consultas.
Durante la reunión, Camps ha explicado que, después del trabajo realizado en el anteproyecto de la oficina anticorrupción, que la pasada semana terminó su plazo de alegaciones y que podría estar lista en unos dos meses, la prioridad ahora es la tramitación de la Ley Balear de Consultas. Tanto Camps cómo Gallardo han detallado las complicaciones técnicas y legales de la elaboración de una normativa de estas características y se han dado un año de plazo para presentar el texto. «Recordemos que en Catalunya se aprobó una ley de consultas que fue rehusada por el Tribunal Constitucional. Tenemos que aprender de estas experiencias y hacer un texto que perdure», ha declarado Camps.
«La Ley de Consultas es algo que nos piden todas las islas y que será muy positivo para los ciudadanos porque, hasta ahora, sólo podían decidir cada cuatro años. Con esta ley se podrán tratar cuestiones que afectan a todos como, por ejemplo, en el caso de Eivissa, las prospecciones petrolíferas, que se deberían de poder resolver en una consulta popular», señaló Gallardo, que añadió que esta nueva ley implica responsabilizar a la ciudadanía de las decisiones de gobierno importantes «que superan el 10% del presupuesto de la institución insular o que sobrepasan más de una legislatura».
«Es importante que esta ley tenga un blindaje constitucional, de tal forma que lo que lleve un gobierno a consulta no pueda ser modificado por otro gobierno a no ser que exista una nueva consulta popular», señaló De Sans, que reconoció que estas medidas, tanto la Oficina de Lucha Contra la Corrupción como la Ley de Consultas «es una exigencia de la ciudadanía, que nos pide otra forma de hacer política».
Posteriormente, Camps y Gallardo se han reunido con los representantes de los distintos municipios, centrando la atención en la aplicación de la Ley de Transparencia y la importancia de ofrecer también desde la administración municipal el formulario del Derecho de Acceso a la Información, debido de que los ayuntamientos, igual que los Consells insulares, están obligados a tener en sus páginas webs este recurso.
