@Noudiari/ Los consellers del PP de Formentera, José Manuel Alcaraz y Gabriela Mayans, han valorado esta mañana, en rueda de prensa, el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que anula la nueva delimitación de los cascos históricos de Sant Francesc, Sant Ferran y La Mola.
Alcaraz y Mayans han incidido en que el presidente del Consell debe «decidir qué responsabilidades políticas corresponde asumir», porque, según ha afirmado el portavoz, «mirar hacia otro lado y limpiarse las manos no sirve en estos momentos. Cuando se promulgó la primera sentencia, en 2014, el PP ya pidió la destitución del conseller de Urbanisme, pero no se nos hizo caso diciendo que esto se arreglaría con el recurso ante el Tribunal Supremo».
Los consellers del PP han incidido en la necesidad de priorizar tres aspectos concretos: «la seguridad jurídica para todos los afectados, el consenso de cara a la futura revisión normativa urbanística y la reclamación de las correspondientes responsabilidades políticas».
José Manuel Alcaraz y Gabriela Mayans han señalado que, a raíz de este pronunciamiento judicial, «todas las licencias otorgadas, desde 2010, en los núcleos urbanos, que prácticamente coinciden con los núcleos históricos, de La Mola, Sant Ferran y Sant Francesc, quedan en un ‘limbo legal’ y precisan que se las dote de seguridad jurídica».
Precisamente, debido al fallo inicial del TSJB de 2014, se encuentran en suspensión desde entonces todas las licencias solicitadas para obra mayor, segregaciones, unidades de actuación y licencias de actividades.
Para el PP, esta situación enmascara una «moratoria encubierta», que los populares han venido denunciando reiteradamente y que el actual grupo gobernante, GxF, ha negado de manera sistemática hasta que, finalmente, según los conservadores, «se dio de bruces con la realidad a partir de la suspensión de licencias».
Por otro lado, Alcaraz y Mayans han recordado que GxF se presentó a las elecciones «prometiendo la elaboración de un Pacto por el Territorio con el objetivo de que estos temas se debatieran en el seno del Consell d’Entitats. Sin embargo, este compromiso no se ha cumplido, ni tampoco el referente a la prohibición de construir en ANEI».
Falta de diálogo
Una vez conocida la sentencia del TS, el PP tiende de nuevo la mano a GxF para llegar a acuerdos que afecten al futuro urbanístico de la isla, como ya hizo en 2010 y en 2014, coincidiendo, respectivamente, con la reforma del PTI y con la primera sentencia contraria. En ambos casos, «la oferta de diálogo y colaboración del PP fue rechazada, pero es de esperar que a la tercera vaya la vencida y lleguemos a un acuerdo, que es lo que pide la gente en estos tiempos».
Para Alcaraz, «la soberbia de GxF les ha hecho seguir un camino de unilateralidad que ha derivado en esta situación crítica y negativa, haciendo gala de una pésima gestión que, lamentablemente, mantiene paralizados varios proyectos educativos importantísimos», entre los que el portavoz ha citado la nueva escuela de Sant Ferran, la nueva escoleta de la misma localidad y la nueva escuela de Primaria Verge Miracolosa, en Sant Francesc.
Otro aspecto que el PP de Formentera «lamenta profundamente» es que el equipo de gobierno del Consell no ha continuado trabajando en un plan alternativo ante la expectativa de que el TS no admitiera su recurso.
De hecho, han transcurrido dos años desde la sentencia inicial y la administración insular se ha limitado, según ha apuntado Alcaraz, «a esperar y mirar a otro lado. Ahora tenemos la sentencia definitiva, y toca empezar de nuevo y a esperar otra vez, una demora que alarga en el tiempo la realización de proyectos de gran trascendencia para el futuro de Formentera y que deja en el limbo actuaciones tan necesarias como las viviendas de protección oficial de Sant Ferran», actualmente en construcción.
