@Noudiari/ El Partido Popular ha pedido hoy el apoyo de Podemos si considera que el Impuesto de Turismo Sostenible del Govern es «un fraude a la ciudadanía». Lo han hecho después de que la portavoz de Podem Balears, Laura Camargo, se haya referido en esos términos al Proyecto de Ley presentado por el ejecutivo autonómico.
La portavoz del PP, Marga Prohens, ha pedido a la formación morada que, si está convencida como ha explicado Camargo, de que el proyecto final es insuficiente y no garantiza las inversiones territorializadas para mitigar el impacto ambiental del turismo en las islas, «apoye la enmienda a la totalidad que han registrado los conservadores.
Los Populares han explicado que su partido «ya se ha reunido con Podemos pero ahora nos pondremos en contacto de nuevo con este grupo con el objetivo de ganar unos cuantos meses y que el proyecto sea lo más consensuado posible». En su enmienda a la totalidad, el PP sostiene que «el impuesto va a ser perjudicial y comete los mismos errores de hace 12 años».
19 enmiendas parciales
Los Populares han presentado además 19 enmiendas parciales y han asegurado que la aplicación del impuesto «dificultará la negociación para la bajada de las tasas aeroportuarias y del IVA turístico».
Entre las 19 enmiendas parciales, los conservadores incluyen peticiones como quela ‘ecotasa’ se empiece a cobrar en 2017, que no se ponga en marcha hasta que no esté resuelto el tema del alquiler vacacional que representa el 40 por ciento de la oferta turística, que no se cobre durante la temporada baja y que haya un 50 por ciento de bonificación durante la temporada media porque «las temporadas no son iguales en todas las islas y los meses de marzo, abril y octubre son muy diferentes en cada destino».
Los Populares también consideran que los residentes no deben pagar este impuesto por motivos de salud y que también los residentes deben tener una reducción a partir del segundo año. Además, defienden que no sean únicamente las administraciones públicas las que presenten posibles proyectos para que sean financiados, sino que también los particulares y las entidades sociales lo puedan hacer.
El PP reclama tambien un estudio externo, a partir del cuarto año de vigencia, para que se analice cómo ha afectado el impuesto sobre la demanda, las inversiones y la contratación laboral registrada en la comunidad.
