Acusan a la jefa de la policía de Sant Antoni de cobrar horas nocturnas que no realizaba

@C. V. / Un correo electrónico interno ha sido el origen de una querella por un delito de calumnias dentro de la Policía Local de Ibiza. Juan Ignacio Hernández Peña, exsubinspector jefe de la Unidad Nocturna, demandó a Miguel Catalán Domínguez, delegado sindical de UGT, por un escrito en el que, entre otras cosas, acusaba a Ángeles Gallardo, directora técnica de la policía de Sant Antoni y compañera sentimental del demandante, de cobrar un complemento salarial por trabajar de noche que no le correspondía.

«Era vox pópuli que Ángeles Gallardo no hizo ninguna noche y que no tenía que cobrar ese complemento salarial», aseguró Catalán ante la juez titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza, Martina Rodríguez. Por su parte, la acusación particular, representada por la letrada Ascensión Joaniquet, solicitaba una pena de un año de prisión o una multa de 10 euros diarios durante doce meses, además de una indemnización por «daños morales» que asciende a 10.000 euros.

Los hechos se remontan a finales de noviembre de 2012, cuando Hernández Peña, que fue el primer responsable de la Unidad Nocturna de la Policía Local de Ibiza desde el 16 de julio de 2006 al 31 de enero de 2009, ya no ejercía el cargo. Miguel Catalán remitió un correo interno, que según la acusación se envió con copia para toda la plantilla de la comisaría, responsabilizando a su anterior superior de permitir el cobro del plus de nocturnidad por parte de su pareja, además de otras infracciones, como la de estudiar una carrera universitaria en horario laboral, abrir expedientes disciplinarios con impunidad o cobrar horas extra no realizadas.

«Se me acusan de cosas muy graves que son falsas. En primer lugar, en 30 años de carrera como policía, he tenido muchas responsabilidades, como la de proponer sanciones, que entiendo que no son del agrado de todos, pero que siempre he hecho de forma profesional. Tampoco es cierto que tenga estudios universitarios o que haya cobrado alguna hora extra sin haberla trabajado, algo en lo que, de todas formas, yo no tenía ninguna responsabilidad, porque hace falta la conformidad de la jefatura. Por último, a Ángeles Gallardo se le encomendó mediante un decreto de alcaldía unas funciones para hacer un estudio de la implantación de la Unidad Nocturna, que llevó a cabo desde el 22 de agosto de 2005 al 31 de julio de 2006, por lo que nunca hemos coincidido con nivel de jerarquía», señaló Hernández Peña.

Testigos y conclusiones
Entre los testigos no compareció la propia Ángeles Gallardo, por motivos laborales, aunque sí el exjefe de la Policía Local de Ibiza desde 1982 hasta 2011, Manuel Ayala García. «En 2005 se eligió a la oficial Ángeles Gallardo para hacer ese estudio de la Unidad Nocturna y tenía lo que se denomina un cometido específico, con toda flexibidad horaria para realizar ese servicio que, además, era controlado personalmente por el concejal de recursos humanos del ayuntamiento de Ibiza. Una vez realizado el estudio, pidió el cese el 10 de julio, días antes del nombramiento de Hernández Peña como subinspector de la unidad», declaró Ayala.

Una vez escuchados a los testigos y revisadas las pruebas documentales, la Fiscalía estimó que los hechos no son constitutivos de un delito por calumnias, «porque no basta atribuciones generales, sino que tiene que ser un hecho inequívoco». La acusación particular, mientras tanto, considera demostrado que hay «un delito de calumnias o, por lo menos, de injurias graves con publicidad, porque lesiona la dignidad de mi defendido ante todo el cuerpo y le imputa toda una serie de conductas constitutivas de delito, entre otras de prevaricación, sabiendo que son falsas».

Por su parte, Iván Couselo, abogado de la defensa, considera que el caso es una venganza personal contra su representado: «El objetivo era colocar pena de banquillo al acusado, que incluso puede perder el puesto de trabajo si es condenado por calumnias, algo que se ha visto que no es el caso, porque no hace una acusación falsa y todo es constatable. Las manifestaciones de mi representado no son constitutivas de delito».