@B.R./ Las vicepresidentas del Consell d’Eivissa, Viviana de Sans y Marta Díaz, han presentado hoy los nuevos criterios que imperarán en la licitación de obras y servicios de la máxima institución insular. De esta manera, desde el Consell se incluirán cláusulas sociales, medioambientales y éticas con el fin de «repercutir en la calidad social y en la mejora del medio ambiente», entre otras premisas.
Favorecer a las pequeñas y medianas empresas
Tanto de Sans como Díaz han destacado que con la inclusión de estas cláusulas, se pretende favorecer que las pequeñas y medianas empresas de Eivissa puedan concurrir en la licitación de grandes obras. «Se amplia el abanico del posibilidades para la participación de pequeñas y medianas empresas. Porque hasta ahora todo se adjudicaba con criterios económicos, lo que hacía que siempre ganaran empresas grandes y de fuera de la isla, que presentaban la oferta más ventajosa -bajando los precios- y que luego provocaba, en muchos casos, paralizar obras y modificar el proyecto», ha señalado Marta Díaz.
Estas cláusulas, que se pondrán en marcha en cuatro meses, serán de obligado cumplimiento en todos los grandes contratos y solo se hará excepción y no se incluirán estas premisas sociales, medioambientales y éticas siempre y cuando exista un informe técnico justificativo.
Estas premisas supondrán entre un 10 y un 20% del peso ponderado de la puntuación, según ha apuntado de Sans, que ha resaltado que el Consell d’Eivissa se convierte en la primera administración de España que incluye estos requisitos juntos (sociales, medioambientales y éticos).
Algunos de los requisitos
Entre las cláusulas se incluye que las empresas que opten a alguna licitación tengan un Plan Laboral de Igualdad, garantice el consumo de producto local y de comercio justo, se minimice la generación de residuos peligrosos, cuenten con el porcentaje, marcado por ley, de personas con discapacidad contratadas, entre otros. Además, también se descartaran aquellas empresas que tengan su domicilio en paraísos fiscales.
Según han señalado, será motivo de exclusión del proceso de selección en caso de que la empresa baje mucho la oferta económica y no incluya ninguna de la medidas sociales o medioambientales estipuladas. Además, en los casos que se presenten ofertas económicas bajas se estudiará si se garantiza el pago de sueldos justos a los trabajadores de la empresa
Los contratos menores, por su parte, no deberán cumplir con estas premisas, según ha indicado de Sans, aunque ha avanzado que se está trabajando para incluir una serie de medidas que vayan en este mismo sentido pero sin que se interrumpa la rapidez con la que se tramitan.
En cifras
Durante el pasado año, el Consell sacó a licitación 39 grandes contratos mientras que este año ya se han sacado a licitación 21, y según han indicado, tienen previsto duplicar esta cifra al finalizar el año.
Sería bueno conocer si en alguna ocasión se ha dado la circunstancia de que una empresa ganadora de una licitación «tenia su sede ubicada en un oaraiso fiscal».
Me parece pluscuamperfecto el control de las desviaciones presupuestarias y de plazo de ejecución si bien esto me suena a intento de poner paños calientes a la barrabasada cometida en la obra de Jesus.
El resto voluntarismo simplón muy muy bonito y puramente demagógico con traducción a lo real que ya se verá. En orincipio más humo.
Estamos en campaña.
Salu2
Esto va ser carisimo
Pero puede que divertidisimo…
Cuantas más clausulas sociales, ambientales, de responsabilidad social se pongan,…, menos pimes podrán acceder. Esto dificultará su contratación que les cuesta acudir a concursos públicos porque la administración siempre tiende a contratar la que presenta ofertas económicas más bajas.
Salvo que se haga una Errejonada, donde solo concursa uno que, eso si, cumple todas las clausulas y pliegos habidos y por haber y luego….. Una subcontrata y a trabajar en la distancia.
New politique…
Se trata de lo contrario. Introducir criterios en los varemos que permitan compensar la ventaja que puede tener una empresa con posibilidades de hacer oferta a la baja y conseguir un efecto de mejora del interés general. Un texto sobre el tema
http://revista.cemci.org/numero-7/pdf/doc1.pdf
Entiendo la idea y hasta puedo llegar a compartirla pero matizo.
El «mecenazgo» de las administraciones públicas primando determinadas actitudes empresariales de cara a impulsar determinados comportamientos premiando determinados pluses puede tener una parte buena y otra mala.
Encarecimiento de servicios en la contratación publica con aumento impositivo para hacer frente a costes añadidos. MALO
Promoción de determinados comportamientos productivos que redunden en el logro de fines propuestos e inclusión de personal con dificultades de acceso al mundo laboral. BUENO
La empresa privada se rige por criterios de productividad, rentabilidad y negocio.
El llevar ese «valor añadido» que se pretende imponer en la contratación pública a la empresa privada puede resultar complicado… otra vez tema costes y sobreprecios, mal negocio cierre.COMPLICADO.
Que se funcione solo asi en lo publico y no en lo privado… INVIABLE a medio plazo.
Como no se incentive a la empresa privada de forma que no se logre introducir ese «cambio cultural» en plan general FRACASO.
Y todo esto en un mundo global, mercado global con mercados mas baratos e infinitamente mas productivos.
Enfin…
Todo muy sintetizado… Yo veo mucha buena intención y realismo cero.
Me aventuro… van a surgir Errejonadas a patadas y todo se quedará en mucho postureo.
Salu2