@Noudiari / La Asociación de Empresarios de Pozos y Extracción de Agua de PIMEEF, creada el pasado mes de marzo, ha manifestado su satisfacción por el dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears referente al Decreto 34/2016 por el que se declara la situación de sequía extraordinaria en la isla de Ibiza y se adoptan las medidas urgentes y excepcionales de gestión de los recursos hídricos para paliar y corregir sus efectos.
El Consell Consultiu, «con toda la lógica del mundo», según la asociación, desautorizaba que el Govern pueda expropiar pozos o privar de derechos adquiridos sobre el caudal de agua sin indemnización alguna. La normativa contra la sequía preveía que dichas expropiaciones no tengan coste para la Administración «con los consiguientes perjuicios económicos para los titulares de las explotaciones expropiadas».
Por otro lado, y como ya advirtió esta asociación cuando se estudiaba el entonces borrador del Decreto, el Consell Consultiu considera que no está justificada la paralización del suministro mediante camiones de los acuíferos obligando a los empresarios de distribución de agua a acudir a las desaladoras entre los meses de octubre a abril.
Destaca el informe del Consultiu que «no se aportan cifras de los beneficios o del ahorro de esta medida», además de señalar que esta medida sólo debería tomarse en caso de extrema urgencia y no en casos de alerta. Mediante este cierre de los pozos simplemente la Administración «se salta a la torera la normativa de la libre competencia obligando a los empresarios a acudir a las desaladoras que gestiona Abaqua».
Asimismo, y atendiendo a aspectos estrictamente legales, el Consell Consultiu reclamaba que cualquier normativa relacionada con el agua debía hacerse teniendo en cuenta las indicaciones del Plan Hidrológico de Balears, que ya prevé la posibilidad de adoptar medidas excepcionales.
Por último, el Consell Consultiu censura que el Govern no haya presentado un plan con el impacto económico para la sociedad del decreto de medidas, un hecho «sin duda inaudito para cualquier normativa mínimamente seria».
