@B.R./ El pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni aprobó ayer, con la abstención del grupo municipal del PP, la adjudicación definitiva del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria, de playas y mantenimiento de zonas verdes. Este contrato, que ha sido adjudicado a la UTE integrada por FCC, Herbusa y Cespa, asciende a 4,7 millones en el primer año. Este contrato, que tendrá una duración de 10 años, incluye numerosas mejoras respecto al anterior, caducado desde 2014.
El pleno aprobó también de forma inicial la nueva ordenanza fiscal de la tasa de recogida de basuras y utilización del vertedero, que ha sido modificada para adecuarla al coste que tendrá el nuevo servicio, tal como contempla la Ley 8/1989 de tasas y precios públicos. Esta ordenanza no había sido actualizada en los últimos 10 años por lo que era necesario adecuarla a los cambios normativos registrados. Entre las novedades destacadas está el hecho de penalizar a aquellas bodegas cuya actividad mayoritaria sea la venta de alcohol con una tasa de hasta 3.200 euros anuales
El concejal de Medio Ambiente, Pablo Valdés, se mostró confiado ante el hecho de que la nueva contrata entre a funcionar a principios de 2017 y que de cara a la próxima temporada «esté lo más desarrollada posible». La nueva contrata supone un incremento de 900.000 euros debido, principalmente, en el tema de limpieza, playas y espacios verdes «que entendemos que eran las patas más flojas del municipio».
En la actualización de las tasas, según explicó Valdés, se ha seguido unos criterios que se fundamentan en «cargar los costes a aquellas actividades que potencialmente pueden genera más residuos».
Novedades
Entre la novedades que contempla esta nueva ordenanza es el cobro de una tasa de 39,21 euros por cada amarre que hay en Sant Antoni, independientemente si se gestiona desde Es Nàutic o desde Ports de Balears. Según ha dicho el concejal de Medio Ambiente desde 2014 Ports de Balears rescindió el contrato con la empresa que le hacía la limpieza, por lo que pasó a asumirla el Ayuntamiento de Sant Antoni de manera gratuita. Ahora, el Consistorio tiene el compromiso del ejecutivo balear de que esta tasa se cobrará de manera retroactiva.
Otra de las novedades es la diferenciación entre la bonificación de los jubilados. Tal y como ironizó Valdés durante el pleno – «no es lo mismo yo como jubilado que ‘Cires’ de jubilado»-, estarán exentos de pagar la tasa aquellos jubilados que no superen en dos veces el salario mínimo interprofesional de media.
Críticas del PP
Desde las filas populares, su portavoz José Sala criticó tanto la eliminación de la zonificación como la entrada en vigor de una tasa de recogida de residuos de 35 euros anuales por vivienda. En el primer caso, Sala señaló que con la eliminación de la zonificación- con la que se cobraban tasas diferentes según donde se encontrase el productor de residuos- se pone en el mismo nivel a los establecimientos que se encuentran en algún pueblo y a los establecimientos del Passeig de ses Fonts, asegurando que se trata de una «injusticia». Tanto Valdés como el tesorero de la institución defendieron que se trata de una tasa «por recogida, no por la limpieza; entiendo que hay zonas donde la limpieza es más complicada pero se recoge igual si el restaurante está en medio de Sant Antoni que en Santa Agnès», matizó Valdés, que precisó que la diferencia entre el caso donde más se cobraba y el que menos es de unos 50 euros.
En cuanto a la tasa de recogida de residuos de 35 euros anuales, Sala manifestó su sorpresa después de que la subida del IBI se justificara por la retirada de esta tasa. «En su momento se dijo que no se pagaba la tasa de recogida y por eso se justificaba la subida del IBI», puntualizó el portavoz del PP durante el pleno, algo que el mismo alcalde Pep Tur, ‘Cires’, dudó de sus palabras asegurando que se podría tratar de una «ilegalidad».
Otra de las criticas lanzadas desde el PP fueron la tasa para aquellos establecimientos que venden comida preparada. En la anterior ordenanza se cobraba una tasa u otra en función de la hora, ya que según el PP, no es lo mismo el que vende comida para ser consumida en la calle que aquel que se dedica a la venta de comida preparada para ser consumida en casa. La nueva ordenanza anula el condicionante que existe ahora por el cual se grava a bodegas y establecimientos de comida rápida cuando abran a partir de las 23 horas. «La tasa afectará a estos locales en todo momento ya que su actividad genera problemas con independencia del horario en el que funcionen», apuntaron desde Sant Antoni.
Se grava la tasa a las bodegas que vendan alcohol
Asimismo la nueva formulación grava especialmente a aquellos negocios para los cuales la venta de alcohol es una parte importante de su actividad, algo que desde el PP han puesto en duda ya que señalan que el término «importante» es un aspecto totalmente subjetivo.
La ordenanza penaliza a las actividades susceptibles de generar una mayor cantidad de residuos y contempla importes de 3.200 euros para locales de comida rápida, venta para el consumo fuera del establecimiento, bodegas, comercios mixtos y supermercados integrados en grandes superficies. Las cantidades fijadas en la ordenanza suponen un mínimo que se podrá incrementar en el caso de establecimientos de más de 120 ó 200 metros cuadrados. De este modo, se establece un precio por metro cuadrado para los que excedan estas superficies, de manera que las grandes discotecas o grandes superficies comerciales pagarán más que otros establecimientos de menores dimensiones.
En la nueva ordenanza se contemplan otras bonificaciones como en los casos de las viviendas rurales que pagarán 20 euros anuales o para aquellas personas que acrediten haber utilizado las deixalleries al menos cuatro veces al año, en cuyo caso pagarán únicamente 10 euros. Existen también exenciones para las viviendas ocupadas por personas en situación de vulnerabilidad, que quedarán exentas de pago si acreditan su situación mediante informe de Servicios sociales.
15 días para alegar
A partir de ahora se da el plazo de 15 días para presentar alegaciones. Este plazo se reduce a la mitad- lo normal son 30 días- justificando la urgencia de la tramitación para que la nueva ordenanza y la contrata puedan entrar en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2017.
La nueva contrata
El nuevo contrato contempla la redefinición de las temporadas de servicio y amplía los recursos tanto en temporada alta como media. Supone además la renovación de todos los contenedores del municipio así como de los vehículos de recogida. El pliego recoge también un aumento de las frecuencias de recogida de residuos, de la frecuencia de limpieza de los contenedores y su entorno y de la limpieza viaria.
La nueva contrata de limpieza establece que la flota de vehículos de recogida de residuos se renovará con la incorporación de cuatro camiones recolectores de carga lateral y otros cuatro de carga posterior, además la nueva contrata proporcionará un vehículo recolector de vidrio, un vehículo auxiliar para el traslado de contenedores, dos vehículos con grúa y plataforma elevadora, dos vehículos lavacontenedores, un furgón de mantenimiento y tres furgonetas de inspección eléctrica.
En cuanto al número de contenedores, se distribuirán por el municipio unos 750: 419 de resto, 104 de papel, 104 de vidrio y 122 de envases.
Respecto a los vehículos para la limpieza viaria, de playas y mantenimiento de jardines, la oferta de esta UTE prevé la incorporación de dos barredoras-baldeadoras, cinco vehículos con volquete y plataforma elevadora, ocho vehículos auxiliares de caja cerrada, dos furgones hidrolimpiadores, dos barredoras mecánicas, dos baldeadoras-cisterna, un vehículo con cesta y plataforma elevadora y un tractor con pala para limpiar las playas, entre otros recursos.
El concesionario de la nueva contrata deberá acometer también un plan de renovación de papeleras. De las 630 existentes ahora en el municipio se mantendrán 260, instaladas recientemente, y se renovará el resto con modelos similares al utilizado actualmente. Además, deberán colocarse 273 unidades adicionales, de las cuales 50 incluirán ceniceros y expendedores de bolsas para excrementos de mascotas.
Espero que tenga base legal y no se repita el ridiculo de la decisión judicial sobre la directora de seguridad…