@Noudiari/ El diputado popular Vicent Serra ha preguntado hoy en el Parlament a la consellera de Salud, Patricia Gómez, si durante esta legislatura “se continuará excluyendo el servicio de alergología en la sanidad pública de las islas”. Y es que Baleares, según han indicado desde el PP, es la única comunidad española que no cuenta con el servicio de alergología público, incumpliendo así el RD 1030/2006 de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud que tiene como finalidad garantizar la equidad y accesibilidad a los servicios sanitarios en todas las comunidades españolas.
Según ha relatado Vicent Serra, la Organización Mundial de la Salud recomienda un alergólogo por cada 50.000 habitantes y en Baleares se calcula que existen 300.000 afectados, un 25% de la población, lo que supone una incidencia alta en una zona rica en alérgenos. “Actualmente la población de las islas sufre una importante discriminación ya que muchos de los afectados por alergias (alimentarias, médicas, respiratorias, etc), al final deben acudir a la sanidad privada donde sí hay especialistas en alergología”.
Para el diputado popular es «lamentable» que la consellera se escude en que estos pacientes pueden ser tratados por especialistas, por ejemplo, un neumólogo en el caso de una alergia respiratoria o un dermatólogo en el caso de una en la piel. “Se trata de un planteamiento retrógrado ya que los pacientes que no pueden acudir a la privada y tienen más de una alergia, han de realizar un periplo por diferentes especialistas con repetición de pruebas y modificaciones en el tratamiento”.
Vicent Serra ha asegurado que la negativa de consellería a incluir el servicio de alergología en la cartera de servicios sanitarios públicos es un “recorte en las prestaciones públicas y desde el PP lamentamos que, de nuevo, desde el Govern no se esté trabajando por las personas, sino por salvar una situación económica que, en el caso de Salud, la está desbordando”.
Programa de atención a los alumnos con altas capacidades
Por otro lado, la diputada popular Sara Ramón ha preguntado al conseller de Educació, Martí March, si considera que Educació está dando la atención adecuada al alumnado con altas capacidades.
La diputada ha explicado que no se han asignado especialistas para evaluar al alumnado y que sigue siendo el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica el encargado de hacerlo “un equipo que ha aumentado mínimamente al contrario que el alumnado, por lo que no puede dar respuesta a toda la demanda de evaluaciones”.
“Hay centros que se quejan de que no se han acabado de hacer los diagnósticos de los alumnos que se derivaron el curso pasado, y padres que después de un diagnóstico positivo en centros privados, se encuentran con que no hay recursos para que se atienda debidamente a sus hijos”, ha explicado Sara Ramón.
Para la popular es «intolerable» que, habiendo ya realizado una pregunta similar hace casi un año y habiendo un mandato parlamentario tras aprobarse por unanimidad una propuesta del PSOE para que se habilite un servicio especializado para alumnos con altas capacidades, “el Sr. March siga insistiendo en que hay que ir poco a poco, y en que el ‘carro no puede ir delante del caballo’. Más bien es el caballo el que no camina y las familias se sienten frustradas, los alumnos con altas capacidades están desatendidos, con lo que ello puede suponer de fracaso escolar, y la excelencia de este alumnado no revertirá en la sociedad”, ha lamentado la diputada popular.
Traslado de difuntos
Por último, la diputada popular Tania Marí ha preguntado a la consellera de Salut si ya se ha habilitado el fondo específico para asumir el gasto del traslado en caso de defunción de personas desplazadas para recibir asistencia sanitaria en centros ubicados fuera del área de salud de su localidad, tal y como ya se acordó por unanimidad a través de una PNL el 25 de mayo de 2016.
Marí ha asegurado que la consellera “tira balones fuera al asegurar que no se puede ampliar la cartera de servicios, porque es un servicio que ya se ofrece. Lo que se le pide es que lo asuma directamente en los casos en los que las familias no puedan hacer frente al gasto y no tengan seguro privado: que en vez de pagárselo después, lo asuma consellería desde el primer momento, evitando así a estas familias los inconvenientes de pagar un elevado coste por el traslado del difunto, que en algunos casos pueden llegar a 4.000 euros”.
“La insensibilidad de la Sra. Gómez hacia este asunto es evidente: ni ha creado el fondo de gasto ni conocía la existencia de la propuesta aprobada por unanimidad hace ya casi un año. ¿De qué sirven entonces las Proposiciones No de Ley aprobadas por unanimidad en este Parlament si lego quienes gobiernan hacen caso omiso de ellas?”, se pregunta Tania Marí.
