Arreglemos la Policía Local, ahora que “abundan” opiniones, por Esteban Morelle Hungría

Y nuevamente resurge la Policía Local a nivel político y periodístico, y lo hace – según parece – no para realzar la magnífica labor que realizan sus componentes, que lo hacen diariamente y sin que nadie se lo recuerde, aunque a veces no venga mal escucharlo, sino para evidenciar las deficiencias que año tras año se han venido dando y reiterando, inclusive tras el paso de diferentes colores políticos por los ayuntamientos de nuestra isla.

Escuchando tertulias políticas en medios radiofónicos comentaban hace unos días la posibilidad de cubrir una jefatura de policía en un ayuntamiento a través de una plaza de agente de policía. Estos comentarios me hicieron reflexionar sobre la necesidad real de que a nivel político se contengan de este tipo exposiciones antes de realizar un estudio jurídico sobre su viabilidad. En primer lugar nuestra actual normativa autonómica de Policía Local expone claramente que el Jefe de la Policía, lo nombra el alcalde por el procedimiento de libre designación, entre los funcionarios de carrera de máxima categoría del municipio, en este sentido la posibilidad de cubrir una jefatura por un agente “raso” es inviable a nivel jurídico si en esa misma plantilla existen funcionarios de carrera de categoría superior.

Otro tema de actualidad son las diferencias salariales existentes entre las policías locales de nuestra isla. Este tema que, tristemente tienen una compleja solución debido a la ley de estabilidad presupuestaria – aunque a algunos les moleste que se cite – debería haberse abordado hace bastante tiempo. Ello podría haberse abordado si, por ejemplo, desde el Consejo de Alcaldes se hubiera intentado alcanzar algún tipo de acuerdo sobre los diferentes complementos salariales que dependen exclusivamente de las corporaciones locales.

En relación a la jornada laboral de los funcionarios policiales, la legislación estatal establece la misma que el resto de personal al servicio de las administraciones públicas de carácter funcionarial, con la posibilidad como ocurre con el caso que nos ocupa, que debido a la especificidad se llegasen a acuerdos para una mejora de la eficiencia y eficacia del servicio público. Este tipo de acuerdos permiten que, por ejemplo, se establezcan diferentes posibilidades en relación a turnos específicos, siempre que se cumpla la misma jornada laboral marcada por la norma. Con la implantación de algún turno específico – algunos municipios ya lo realizan – supondría una mejora en la planificación de los recursos existentes en las diferentes administraciones que, repercutiría de forma directa en la eficacia del servicio policial, y a la vez podría suponer una mejora en las condiciones laborales de los funcionarios, por ejemplo, en tiempo de descansos.

La lógica parece que, en ocasiones brilla por su ausencia en la administración pública, pues no es posible que dos empleados por las mismas funciones perciban salarios con diferencias abismales, y esto viene pasando desde hace mucho tiempo, ahora parece que se han dado cuenta algunos, y se apresuran a buscar posibles soluciones sin estudiar con rigurosidad el alcance y viabilidad de estas posibles soluciones, pues deben cumplir algo que nos marca nuestro Estado de Derecho, principio de legalidad.

Seguramente tendría más tirada y sería más apetecible este breve artículo si se se comentara la “deslealtad” de unos u otros implicados, pero hay que ser coherentes y pragmaticos, todos compartimos la necesidad de un salario digno para nuestros policías, pero no ahora, sino desde hace bastante tiempo, y todos estamos en contra de las diferencias salariales existentes, pues el trabajo será el mismo en un municipio o en otro. Pero la realidad es que a día de hoy no se puede incrementar el salario de un funcionario, no lo digo yo, ni un alcalde o concejal, lo dice la legislación vigente. Otra cosa sería poder ajustar los complementos ya abonados que no supondrían un incremento de la masa salarial y confeccionar un turno que cumpla las mismas exigencias marcadas para el personal funcionario, pero para ello antes de adentrarnos a afirmar esta posibilidad debería estudiarse su viabilidad jurídica y tener la intención entre las partes de abordar esta posible solución.

En este momento, en el que según parece han salido “expertos” y defensores de los cuerpos locales de seguridad, no necesitamos elementos que creen crispación sino elementos de negociación y establecer un clima de colaboración entre todos, pues no podemos olvidar que el ciudadano será el perjudicado. Vamos a intentar solucionar en la medida que nos sea posible la problemática existente a nivel de nuestra seguridad local, no es cuestión de hacerlo a la ligera pues ante un problema de gran complejidad, debemos estudiar las diferentes soluciones no sin antes proceder a evaluar y determinar las desviaciones detectadas, que no son solo las que en la actualidad se anuncian en los medios de comunicación. No pongamos un parche más sobre el problema, seamos conscientes y busquemos una solución integral, no obstante me alegro que ahora “abunden” opiniones pues solo así se podrá alcanzar la solución.

Esteban Morelle Hungría

Criminólogo – Master en Seguridad Pública