Una madre con cuatro hijos menores denuncia en Antena 3 que el Ayuntamiento de Ibiza quiere dejarles en la calle

@Noudiari / Ibiza sigue acaparando minutos televisivos por la problemática de la vivienda en Ibiza. En esta ocasión, el programa Espejo Público de Antena 3 ha conectado hoy, viernes, en directo con una madre de cuatro hijos menores, sobre la que pende una orden de desahucio.

Marina paga 1.200 euros al mes por vivir en uno de los bajos de ses Figueretes, un espacio reducido sin ventilación y donde vive con sus cuatro hijos menores de edad. El Ayuntamiento de Vila considera éste y otros bajos de la misma calle, como un local comercial no como una vivienda, por lo que que ha procedido a notificar el desalojo de esta familia en 48 horas. «No soy una ocupa, tengo mi contrato de alquiler», afirma Marina que se encuentra en una situación desesperada al poderse ver en la calle con sus hijos.

Según la abogada de Marina, Patricia de las Heras, el local está registrado en el registro de la Propiedad como vivienda y tilda al Ayuntamiento de Ibiza de «ignorante». «La administración se salta las normas del Registro de la Propiedad y el procedimiento administrativo. Hay un uso atribuido, registrado, de vivienda no de local comercial, aún así la administración considera que manda más que el registro e incoa procedimientos de usos ilegales y quieren desalojar a las personas que viven dentro con un título legítimo, vulneran el principio de derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constituación Española. Directamente y como interesados han emitido una notificación de precinto en 48 horas», contó la abogada.

Según el programa, el Ayuntamiento no ha querido dar explicaciones públicamente en el programa pero si han dado una respuesta a la periodista enviada a la isla. «El Ayuntamiento lo que dice es que sus servicios jurídicos les dicen que esa modificación notarial se hizo de forma irregular. Para ellos este suelo sigue siendo comercial no residencial».

Durante el programa también ha intervenido un vecino del barrio asegurando que estos bajos causan molestias a los propietarios del edificio donde se encuentran. Uno de estos propietarios, Victorino, asegura que el año pasado cada tres días había gente distinta entrando y saliendo de los bajos, haciendo botellones… Además, señala que: «estos bajos crean conflictos, aquí no se descansa, lo dejan todo tirado por ahí».

Ayer, el mismo programa también dio cobertura a la noticia del posible derribo de la casa «patera» de Sant Antoni, cuyo dueño aloja a 115 personas y se enfrenta a una multa de un millón de euros.