El Consell abre diligencias por el alquiler turístico de una VPO de Ibiza por Airbnb

@Noudiari/El Consell de Ibiza ha iniciado diligencias sancionadoras contra el alquiler turístico irregular de una Vivienda de Protección Oficial (VPO), en concreto, de un piso situado en una promoción de viviendas sociales de la ciudad de Ibiza. Las diligencias se iniciaron gracias a una denuncia anónima recibida en el correo electrónico de inspección turística (inspeccio.turisme@conselldeivissa.es).

El Consell de Ibiza ha informado que durante una inspección se comprobó que «la vivienda se anunciaba en el portal de internet Airbnb ofreciendo diversos servicios como desayuno, champú, wifi, toallas, y que se podían hacer reservas para noches». «También se pudo comprobar, de acuerdo con la información que aparecía en el mismo portal, que la persona que comercializaba la vivienda lo había hecho al menos una decena de veces», añade la institución.

El Consell de Ibiza también ha dado traslado de los hechos a la Delegación de Hacienda y la Dirección General de Vivienda del Govern balear.

En este caso, dado que las diligencias se abrieron el pasado mes de julio, antes de la entrada en vigor de la modificación de la Ley turística, la persona responsable se expone a una sanción de entre 4.000 y 40.000 euros, tal como establecía la norma anterior.

Incremento de sanciones

Con la nueva Ley, en vigor desde el mes de agosto, el Consell de Ibiza destaca que dispone de «mejores instrumentos para perseguir el alquiler irregular en casas y pisos de la isla, además de incluir un considerable incremento de las cantidades económicas del régimen sancionador».

Según destaca, la comercialización turística de una vivienda sin autorización implica una infracción grave con multas entre 20.001 y 40.000 euros, tanto para el propietario como para el explotador o el comercializador, y por cada vivienda que se ofrece. En el caso de las plataformas o de otros titulares y explotadoras de los canales de comercialización turística, la publicidad o promoción de oferta ilegal implica sanciones de hasta 400.000 euros.

 

«La ley contiene definiciones necesarias que hasta ahora no existían. Así, la norma facilita por primera vez una definición del término canal de oferta turística. También deja claro que se considera como alquiler turístico todas las estancias por períodos de corta duración con una duración inferior a un mes», remarca.

Desde la institución explican que «la falta de estas definiciones concisas a la Ley de 2012 había dejado margen a diferentes interpretaciones, a menudo alegales, que quedaban capacidades de actuación a los servicios de inspección turística del Consell de Ibiza».

Una de las «numerosas debilidades» de la Ley de turismo anterior, indica el Consell, consistía en la falta de medidas sancionadoras orientadas a los comercializadores de viviendas, como por ejemplo las plataformas digitales. «La nueva ley declara responsables de las infracciones relacionadas con la comercialización de estancias turísticas en viviendas ilegales tanto los propietarios de los inmuebles como los posibles explotadores y los comercializadores, a través de cualquier tipo de soporte».

El Consell de Ibiza anuncia que continúa con el Plan de Inspección Turística previsto para el 2017, aprobado por el Consell Executiu el pasado 21 de abril a propuesta del presidente, Vicente Torres.

El plan tiene como objetivo «controlar el cumplimiento de la normativa turística y el correcto funcionamiento de todas las actividades y servicios turísticos, la detección de servicios turísticos clandestinos, como son los alquileres turísticos irregulares, actuar contra la mala praxis en el desarrollo de las actividades y servicios turísticos, y garantizar el respeto a los derechos de las personas usuarias de los servicios turísticos», concluye.