El GEN denuncia que el Govern pretende «salvar e incrementar urbanizaciones ilegales de la familia Matutes»

@Noudiari/El grupo ecologista GEN-GOB ha denunciado hoy a través de un comunicado que el Govern balear pretende utilizar la nueva Ley Urbanística de las Islas Balears para «salvar e incrementar las urbanizaciones ilegales de la familia Matutes en Ibiza».

Según los ecologistas, la ley crea una disposición «a medida», como la que en su momento se pretendía aplicar a la mansión de derribada del músico Michel Cretu, «pero a lo grande».

«Los partidos que crititaban la amnistía (inconstitucional) del PP de viviendas ilegales, pretenden ahora legalizar urbanizaciones enteras en suelo rústico declarado por sentencia judicial firme», denuncia la agrupación.

«Todo un traje a medida»

Desde el GEN explican que las directrices territoriales aprobadas en 1999 por Jaume Matas (PP) «desclasificaron un gran número de suelos urbanizables en primera línea de mar». «De hecho, quedaron automáticamente clasificados como suelo rústico todos aquellos que no dispusieran de proyecto de urbanización definitivamente aprobado».

Con estas directrices, hasta 700 hectáreas de costa del municipio Sant Josep, sobre todo en Platja d’en Bossa, «y mayoritariamente pertenecientes a la familia Matutes, que ya habían sido objeto de actuaciones urbanísticas al margen de la legalidad, quedaron convertidas en suelo rústico», señalan los ecologistas.

«La nefasta legislatura Bauzá intentó recuperar estas urbanizaciones fruto del más descarado desprecio a la legalidad y de la más vergonzosa connivencia con los infractores de las administraciones responsables de hacer cumplir la legalidad», agregan desde el GEN, que advierten de que «no se trata de actuaciones mínimas si no de enormes complejos turísticos levantados sin ninguna consecuencia para sus promotores y que han costado millones a las arcas públicas».

«Ahora, si se llega a aprobar este texto legal, las urbanizaciones levantadas en suelo rústico de forma completamente ilegal, no sólo podrán ser legalizadas, sino que podrán incrementar su extensión y, encima, harán desaparecer la franja de protección posterior de costa actualmente inedificable. Todo un ‘traje’ a medida que, una vez más, pagaremos todos. Un nuevo vergonzoso ejemplo de para quién se trabaja realmente en las instituciones públicas», critican los ecologistas.

La disposición transitoria 14

La agrupación recuerda que con el Drecret0 Ley 1/2016, el actual Govern balear estableció una moratoria de «los preceptos más perversos» de las leyes aprobadas por el anterior Govern Bauzá, «incluida la posibilidad de recuperación de estos suelos por parte del planeamiento».

Ahora, según los ecologistas, «ley urbanística que se tramita ahora en el Parmalent, pretende, con nocturnidad y alevosía, mediante una disposición transitoria escondida al final del texto y que contradice frontalmente la exposición de motivos, hacer una norma a medida para recompensar, salvar y permitir el crecimiento (decenas de hectáreas más) de las infracciones urbanísticas más graves ejecutadas nunca en la costa de Ibiza».

El GEN acusa de «cinismo» al Govern, que dice que «habla de la urgencia para aprobar la Ley Urbanística» para evitar que el 31 de diciembre caiga la moratoria. «Dicho esto, no tiene ningún tipo de complejo en introducir la disposición transitoria 14» que, según detallan, establece como suelos urbanos aquellos que cumplan legalmente los requisitos de estar clasificados como suelo urbanizables en los planes urbanísticos vigentes, que ya dispongan de servicios urbanísticos básicos y que estén consolidados por la edificación en más del 90% de la superficie susceptible de ser edificada, según lo establecido en su plan parcial.

Si cumplen estas características, pueden clasificarse como suele urbano cuando se revise el planeamiento general.

Piden su retirada

«En resumen, un vergonzoso nuevo ejemplo de que las normas en Baleares no se hacen desde la honradez y la decencia política. Un ejemplo que las instituciones públicas no están al servicio de la ciudadanía sino que no pasan de ser vergonzosos títeres al servicio de la corrupción y las ilegalidades», denuncian los ecologistas, que reclaman que se retire «inmediatamente esta disposición» y piden explicaciones al conseller de Territorio, Marc Pons, por la redacción de este apartado.

«Se trata de aclarar si estamos en manos de un gobierno o en manos del hampa», acusa el GEN, y recuerda que también hay diputados ibicencos que tienen que votar esta norma. «Ahora es hora de aclarar de parte de quién están: de la legalidad, de la igualdad de todos ante la ley y del acatamiento de sentencias judiciales, o si se ponen a defender los tratos de favor y las normas a medida de los grandes infractores».

El GEN advierte de que la disposición no es la «única aberración» en la que incurre la ley, porque también permite «la legalización de los núcleos rurales ilegales, mantiene la continuidad de poder edificar sin alcantarillado y permite conseguir segundas prórrogas de licencias caducadas a todo el suelo rústico».

«Nos encontramos así ante una norma indecente y vergonzosa, al constituir una prueba irrefutable de la prostitución de las administraciones públicas para contentar determinados intereses», concluye el GEN.