El PP de Sant Josep exige la aprobación del PGOU antes de desarrollarse los Planes Especiales de Protección

@Noudiari/ El Grupo Popular Municipal en Sant Josep ha instado hoy al equipo de gobierno del Ayuntamiento a aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana antes de desarrollarse los Planes Especiales de Protección de los Conjuntos Históricos de Sant Jordi y de Sant Josep.

La formación popular ha dado a conocer sus alegaciones a los avances de dichos Planes, recordando que fueron aprobados en Junta de Gobierno y se sometieron a información pública estando vigentes las Normas Subsidiarias de 1986, pendientes de modificación y revisión para adaptarlas a la realidad física del municipio y a la legalidad vigente en materia urbanística. Como consecuencia, los Planes se ven obligados a utilizar las mismas clasificaciones y calificaciones que las empleadas en las Normas Subsidiarias. Por ello, «el nuevo planeamiento tendrá que recoger las previsiones de actuación urbanística contenidas en los Planes Especiales», advierten.

“Invertir el orden de aprobación de los planes urbanísticos, anteponiendo los de desarrollo al general, genera inseguridad jurídica y puede plantear numerosos problemas cuando se redacte el Plan General. La solución a los problemas urbanísticos del municipio debe ser abordada de manera global, con la aprobación de un Plan General y no mediante modificaciones puntuales de las NNSS vigentes, que sólo suponen parches”, considera el Grupo Popular.

«Inseguridad jurídica»

Además, para los ‘populares’, la «inseguridad jurídica» se verá agravada por la «ambigüedad» de las propuestas y la «discordancia» en algunos casos entre la redacción de la norma y los planos presentados, así como por la falta de concreción de conceptos. «En muchos casos, los afectados no saben a qué atenerse, si a lo redactado o a lo dibujado, siendo que en ocasiones no coinciden», han criticado.

El PP considera que para los ciudadanos es “muy difícil” hacer alegaciones o presentar alternativas cuando no se sabe exactamente cuál es la intención, pues hay conceptos tales como “protección ambiental de valores” que no existen a nivel urbanístico y queda muy difusa la interpretación que podría hacerse de los mismos.

Para el PP de Sant Josep, los avances tampoco ofrecen una propuesta coherente en lo que se refiere a la peatonalización de distintas calles, o tramos de calles, en los núcleos urbanos de Sant Jordi y Sant Josep. «La peatonalización no soluciona nada si no se ofrece a los vecinos una solución clara para acceder a sus viviendas o a sus negocios y si no se da a los conductores una alternativa válida y no gravosa. Además, consideramos que resulta un criterio engañoso que los avances sólo reflejen como estado actual de zona de aparcamiento las calles y parkings que específicamente están señalizadas como tal, olvidando el gran número de vehículos que aparcan diariamente en todas las calles del municipio, incluso peatonales», insisten.

Soluciones al tráfico

El Grupo Popular considera también que no plantear soluciones al tráfico rodado en los núcleos históricos es «perder una oportunidad y no querer enfrentarse al problema real».

Por otra parte, los avances de los Planes modifican y amplían en ambos casos el ámbito de intervención más allá del radio de 250 metros actuales y en algunos casos no queda definido el por qué de dicha ampliación y no parece haber un criterio concreto, resultando arbitraria la nueva delimitación. Llama la atención, según el PP, que en el caso de Sant Josep se amplíe en prácticamente todo el perímetro, «excepto en los terrenos de propiedad municipal donde se ubica el centro de salud y un aparcamiento».

El PP también critica que en los Planes aparecen amplias zonas de las áreas de protección grafiadas de tal forma que parecen corresponder a solares sobre los que el Ayuntamiento tendría derecho «de tanteo y retracto». Sin embargo, el Plan no justifica en modo alguno «la necesidad, ni el alcance del establecimiento de este derecho, ni se explica adecuadamente cuál sería su objetivo». «Una vez más, la indefinición y falta de concreción del avance presentado limita el derecho de los ciudadanos a hacer alegaciones», puntualizan.

“Establecer este derecho sobre unas áreas tan extensas de los núcleos urbanos supone un abuso injustificado e injustificable por parte del Ayuntamiento”, concluyen.