@Noudiari / El presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, y el gerente de la institución, Isidor Torres, declararán en calidad de investigados por la resolución del bolsín de bomberos de 2013. Ambos comparecerán ante el juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa el próximo 24 de abril imputados de un presunto delito de prevaricación administrativa por la contratación del personal del cuerpo de bomberos de aquel año.
El Ministerio Fiscal entiende que existen hechos delictivos, después de que la primera sentencia del caso, publicada en 2016, ya condenara a la máxima institución formenterense. La controversia está en la fecha máxima exigible del carné de camión para los aspirantes a una de las plazas.
El caso ha sido revisado por el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJB), que ha rebajado las indemnizaciones de las sentencias iniciales en un 50% y que ha considerado correcto el planteamiento del Consell de Formentera para que el caso se analizado por el Tribunal Supremo (TS).
Según ha explicado el Consell en una nota de prensa, el denunciante pretende cobrar el periodo 2013-2015, en el que estuvo dentro del bolsín y no trabajó. Además, el bombero tiene otros litigios con la institución relacionados también «con la demanda de cobrar por no trabajar».
Despido y nueva contratación
En concreto, el mes de enero de 2017, al producirse un año de su incorporación, «se negó a renovar el contrato y utilizó la finalización para solicitar una nueva indemnización por despido improcedente». En este caso, el juez estimó que la finalización del contrato era procedente. El Ejecutivo insular lo volvió a contratar en enero de este mismo año cuando era la última de las personas disponibles en el bolsín vigente. El bombero solicitó por escrito finalizar el contrato el 24 del mes pasado.
Jaume Ferrer e Isidor Torres entienden que están delante de «un bombero que quiere cobrar sin trabajar», por lo que han explicado que no debe verse comprometida la imagen del cuerpo de bomberos, «un cuerpo de grandes profesionales que hacen un trabajo muy importante para la isla».
Asimismo, la institución apunta que el presidente «actuó en conformidad con los informes técnicos» y que el gerente comenzó su trabajo en 2015, dos años después del bolsín que los lleva ante los tribunales.
