EFE / Los alrededor de 5.400 jueces y 2.500 fiscales están llamados a secundar hoy la segunda huelga que convocan este año sus asociaciones profesionales para reclamar mejoras salariales, más medios y mayor independencia y protestar por la falta de avances tangibles en su diálogo con el Ministerio.
La anterior huelga fue el 22 de mayo, con Rafael Catalá al frente del Ministerio de Justicia, y ahora se enfrenta a ella Dolores Delgado, después de que la semana pasada pararan también durante un día los funcionarios de la administración de justicia y dos horas los letrados judiciales.
Delgado, que se sumó a la movilización de mayo, cuando era fiscal, no ha logrado convencer a sus antiguos compañeros de que desistan de su protesta, aunque esgrime que la mayoría de sus reivindicaciones están en tramitación parlamentaria y ha convocado por vez primera en quince años la Mesa de Retribuciones de jueces y fiscales.
Las asociaciones no ven avances concretos y llaman a un paro en el que mantienen el mismo listado de reclamaciones de mayo y que tiene como primer punto la necesidad de reforzar la independencia judicial y la exigencia de que sean jueces y fiscales quienes elijan a la mayoría del Consejo General del Poder Judicial, en manos ahora del Parlamento.
Tras la crisis generadas por la gestión del caso del impuesto de las hipotecas en el Tribunal Supremo y mientras se suceden las críticas al acuerdo entre el PP y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), jueces y fiscales piden inversiones en medios materiales y humanos para mejorar el servicio público que prestan.
Salario y más órganos judiciales
Reclaman recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y que se creen más órganos judiciales para atender el incremento de la litigiosidad y exigen derogar el sistema de plazos máximos de instrucción mientras no haya más medios.
Su derecho a la huelga no está regulado y por primera vez el Ministerio ha anunciado su intención de detraer de las nóminas la jornada de paro a los jueces y fiscales que se secunden el paro.
Las propias asociaciones han fijado servicios mínimos y la Fiscalía General del Estado ha ordenado que se cumplan todas las actuaciones «urgentes o inaplazables» o que afecten a derechos fundamentales para evitar «daños irreparables».
La anterior huelga fue secundada por más del 65 % de los jueces y el 52 % de los fiscales, según los datos que facilitaron las asociaciones, y obligó a suspender miles de diligencias y vistas en los juzgados.
