EFE / El presidente de Ciudadanos (Cs) en Baleares, Xavier Pericay, ha afirmado este martes que su partido no pactará en ningún caso con el PSIB tras las elecciones autonómicas del 26M porque no se pueden llegar a acuerdos con partidos que defienden «populismos» y «nacionalismos, que es lo que hace el Govern».
«Evidentemente», Cs no contará con mayoría absoluta, por lo que Pericay ha dejado la puerta abierta a un acuerdo con el PP, un partido con el que tienen aspectos en «común» y otros que no, si bien existe una «franja muy amplia» para cerrar acuerdos de gobernabilidad.
«En primer lugar, un acuerdo PSIB-Cs lo ha descartado el propio PSIB», ha subrayado en los pasillos del Parlament Pericay, que ha recordado la intención de los socialistas de continuar gobernando con MÉS y Podemos. Incluso -ha recordado- sus dirigentes se han hecho una foto pública con el deseo de revalidar este acuerdo tras el 26M.
«Pero nosotros tampoco lo queremos porque el PSIB de la señora Armengol es un calco del PSOE del señor Sánchez», ha sostenido Pericay.
«Lo que hay que hacer es quitar al actual Govern y que se constituya otro que no esté dispuesto a pactar con populismos y nacionalismos», ha defendido Pericay.
La decisión de la Ejecutiva solo afecta a elecciones generales
A nivel estatal, la Ejecutiva de Ciudadanos acordó este lunes que no habrá ningún pacto postelectoral ni con Pedro Sánchez ni con el PSOE, una decisión adoptada por unanimidad que, de momento, solo afecta a las elecciones generales, no a las autonómicas ni a las municipales del 26 de mayo.
Pericay ha dejado claro que este acuerdo se refiere únicamente a a las elecciones generales y que Cs decidirá en cada comunidad lo que considere conveniente, porque cada territorio tiene una «coyuntura diferente».
«Un pacto en Baleares con los socialistas lo veo difícil» porque el planteamiento político de Sánchez y de la presidenta del Govern y del PSIB, Francina Armengol, es el mismo, como se ha demostrado con la «polémica» de la figura del «relator» en el conflicto político de Cataluña, situándose el ejecutivo central al «margen de la ley» con «simulacros de negociación» entre el Gobierno de España y una comunidad autónoma.
