EFE / Un juzgado contencioso administrativo de Palma ha abalado la sanciones impuestas por la Delegación del Gobierno a una española de origen venezolano que empadronó en su domicilio a cuatro nacionales de Venezuela que se quedaron irregularmente en España y no residían en esa vivienda.
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, el juzgado de los contencioso administrativo 3 de Palma ha rechazado el recurso de la sancionada contra la multa de 2.004 euros que le impuso la Delegación del Gobierno, 501 euros por cada empadronamiento fraudulento.
La Brigada de Extranjería persigue desde hace años el fraude cometido por «un gran número de extranjeros» que llegan al archipiélago como turistas o con cartas de invitación y que se instalan de forma irregular una vez concluida la etapa legal de estancia.
«En la gran mayoría de los casos, el primer paso dado por estos ‘turistas’ reconvertidos en inmigrantes ha sido darse de alta en el padrón municipal de habitantes de cualquier Ayuntamiento, para lo cual han contado con la complicidad de un familiar, amigo e incluso el propio invitador, que ha consentido el empadronamiento en su vivienda, a sabiendas de que no era el domicilio real del extranjero», explica la Policía en un comunicado.
Añade que el empadronamiento permite a estas personas «conseguir todo tipo de beneficios sociales» como titulares de tarjetas de la Seguridad Social para acceder a servicios sanitarios o programas de ayuda a personas en dificultades, así como descuentos de transporte.
El departamento policial de Extranjería revisa estos empadronamientos y, en caso de fraude, inicia expedientes sancionadores que suponen multas de 501 euros.
En el caso avalado por el juzgado, la sancionada alegó que empadronó a los inmigrantes irregulares por hacerles un favor o por parentesco.
La sentencia considera que el empadronamiento ficticio es un fraude de ley y confirma las cuatro sanciones impuestas a la propietaria del inmueble.
«La sentencia ha sido acogida con gran satisfacción por la Abogacía del Estado, el Departamento de Sanciones de la Delegación del Gobierno en Baleares y la Brigada de Extranjería de la Jefatura Superior de Policía», concluye la nota de prensa.
