EFE / Hasta 33 entidades locales y ayuntamientos de las Islas Baleares, como los consells de Ibiza, Menorca y Formentera, no han presentado en plazo, que terminó este martes, la rendición de cuentas de 2018 a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.
En su último informe, publicado este miércoles, la Sindicatura señala que la consecuencia más importante de la falta de rendición de cuentas es que no se permite la fiscalización de la actividad pública que tienen encomendada por ley los órganos de control externo, el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Comptes.
«La rendición de cuentas -asevera la Sindicatura- es un indicador del grado de transparencia de las instituciones públicas: sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, la ciudadanía puede conocer cómo se gestionan los fondos públicos o sobre qué criterios actúan nuestras instituciones».
En este documento se especifica que el sector público local de las Islas Baleares está formado por cuatro consells insulares, 67 ayuntamientos, 5 mancomunidades y 1 entidad local menor.
Otros ayuntamientos que no han presentado sus cuentas son San Antoni de Portmany, Marratxí, Ciutadella, Son Servera, Binissalem, Santa Maria del Camí, Muro, Alaró, Esporles, Ferreries, Selva, Sineu y Sencelles. Tampoco han entregado este documento las mancomunidades de la Tramuntana, Es Raiguer y el Pla de Mallorca.
Para el ejercicio 2018, el presupuesto de gastos consolidado de las 76 entidades locales a fiscalizar en total es de 1.966 millones de euros, según los datos del portal web del Ministerio de Hacienda.
Las 33 entidades y consistorios que no han rendido la cuenta general del ejercicio 2.018 suponen el 43,4 % (831 millones) del total de entidades y representan el 42,3 % del presupuesto inicial consolidado de gastos para el ejercicio 2018.
Entre las instituciones incumplidoras destaca por su tamaño el consistorio palmesano, que representan el 52,6 % del total de la población de las Islas Baleares.
La Sindicatura advierte que la normativa vigente dispone, en el caso de incumplimiento de la rendición de cuentas, la posibilidad de retener las transferencias derivadas de la participación en los tributos estatales.
Otra consecuencia es la posibilidad de incurrir en una infracción muy grave en materia de gestión económica presupuestaria y la sanción correspondiente.
También supone incumplir el deber de colaboración con los órganos de control externo del Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Comptes, con consecuencias tipificadas en el Código Penal.
La Sindicatura, durante el año 2019, ha advertido hasta en tres ocasiones a las entidades locales sobre los plazos para cumplir el deber de rendir cuentas.
«A partir de hoy, la Sindicatura requerirá formalmente a estas corporaciones la rendición de cuentas del año 2018 y les advertirá de las consecuencias que puede tener este incumplimiento», se indica en este informe.
