@Noudiari / El Pleno del Consell de hoy ha aprobado dos modificaciones a dos conciertos sociales, aprobados en Consell Executiu del pasado 26 de mayo, durante la anterior legislatura, «que no se ajustaban a legalidad, provocando el bloqueo en su pago», indican.
El primer caso se trata del concierto social de vivienda supervisada para personas con discapacidad con 12 plazas por el importe de 380.928,6 euros. La singularidad de este concierto es que, como había una única entidad social que se presentó y que cumplía con todas las bases, AMADIBA, esta ya ejercía las tareas del concierto. Sin embargo, el Consell no disponía de las herramientas legales para efectuar los pagos que se derivaban del mismo.
El segundo de los conciertos es el relativo al servicio de Centro de Día para personas con discapacidad intelectual y/o física por valor de 866.414,25€ (547.209 euros para el ejercicio 2019 y 319.025 euros para el ejercicio 2020). Todavía no había sido otorgado a ninguna entidad social. Se ha resuelto la situación de irregularidad antes de que se empiece a ofrecer este servicio en el marco del concierto, según explican desde el equipo de gobierno del Consell.
Por otro lado, el pleno ha aprobado, por unanimidad, una batería de medidas propuestas conjuntamente por el Partido Popular y por Ciudadanos destinadas a mejorar la calidad de las estancias de los familiares que acompañen a enfermos que han tenido que ser derivados en Mallorca para recibir el tratamiento adecuado.
De este modo se ha aprobado instar en el Govern a modificar la norma vigente que regula las compensaciones por desplazamientos y estancias de los usuarios ibicencos del IBSalut fuera de su área de salud por razón de asistencia sanitaria, para adecuarlos a los costes y gastos reales. Entre otras medidas, también han acordado impulsar y ejecutar el proyecto para la construcción en Mallorca de una residencia destinada al alojamiento y estancia de los usuarios y acompañantes de Ibiza, fuera del espacio y el ambiente sanitario del Hospital Universitario de Son Espases, y que se inaugure en 2023.
El Pleno ha aprobado, parcialmente, alguno de los puntos de una moción de Unidas-Podamos relativa a casas de apuestas, en el que se insta a la administración competente a ampliar la distancia mínima de 500 metros entre un centro escolar y un establecimiento de apuestas, así como instar en el Gobierno de España a que prohíba la publicidad del juego con las restricciones que se aplican a productos como el tabaco o el alcohol.
