Una campaña reclama a los consells que estudien la capacidad de acogida real de las islas y limiten la afluencia de turistas

@Noudiari / El arquitecto Xavier Llobet, impulsor de la campaña de Change.org que recogió más de 14.000 firmas para prohibir los fondeos en el Parque Natural de ses Salines, presenta mañana ante el Consell de Ibiza y el de Formentera una nueva solicitud, avalada por el momento con 646 firmas, en la que solicita que las dos instituciones elaboren un estudio de Capacidad de Acogida, esto es, que evalúe la capacidad real de las islas Pitiusas para albergar a los turistas que llegan «en condiciones razonables de bienestar para los visitantes, residentes y el medio ambiente».

Llobet apunta que, para llevar a cabo ese estudio de capacidad de acogida, se debe «estudiar la superficie de ambas islas, las infraestructuras que tienen, la situación de la vivienda y de las plazas turísticas», además de contar con la opinión de los residentes sobre su percepción del tema, con el fin de tomar «las pertinentes medidas políticas, que concuerden con el resultado que arroje el estudio sobre la capacidad de la isla».

En su escrito de solicitud, el arquitecto manifiesta su preocupación por los datos de crecimiento de afluencia turística a las islas, sobre todo desde el año 2000.

«Según los datos de AENA y Ports de Balears, el año 2018 se cerró con un tránsito de 8,1 millones de movimientos en el aeropuerto y 2,9 millones en el puerto de Ibiza», recuerda.

«Las tendencias que muestran las estadísticas de tráfico aéreo en el año 2018, son de un crecimiento del 2,5 por ciento respecto a los visitantes de 2017, mientras que el tráfico marítimo ha tenido un crecimiento hasta septiembre del 12 por ciento respecto al acumulado del mismo mes del año 2018», añade.

El peligro de una afluencia no controlada

Llobet considera que, a la vista de estos datos, y dadas las limitadas dimensiones territoriales y la frágil condición insular, la afluencia no controlada e incentivada a través de campañas de promoción turística «incide negativamente en las condiciones ambientales y sociales de la isla de Ibiza y de Formentera, afectando de manera negativa a diferentes sectores y actividades».

Llobet recuerda que, según la fundación Gadeso, «el 61 por ciento de los residentes en Balears se mostraría favorable a la limitación del techo de visitantes».

«Los residentes -recuerda- se quejan de la masificación de las playas, de los ruidos, los colapsos en las carreteras, los cortes en el suministro de agua, la acumulación de residuos, la saturación de los sistemas de saneamiento y depuración y el aumento de los precios de las viviendas, además de la gentifricación del centro histórico de Vila o de la masificación de fondeos en zonas marinas protegidas».