EFE / La Fiscalía de Madrid solicita multas de entre 60.000 y 75.000 euros para los 133 controladores aéreos que desde el próximo miércoles se sentarán en el banquillo por supuesto abandono de servicio público durante la huelga de diciembre de 2010, que llevó al cierre del espacio aéreo durante cerca de 20 horas.
No obstante, según han informado a Efe fuentes jurídicas, tan sólo uno, el que fuera entonces el portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), César Cabo, no ha alcanzado aún un acuerdo con el Ministerio Público; los términos de la conformidad del resto se conocerán durante la vista.
En su escrito, la Fiscalía reclama que los controladores indemnicen de forma conjunta y solidaria a los pasajeros perjudicados en concepto de vuelos cancelados y de otros gastos derivados que aún no hayan sido resarcidos, una compensación de la que pide que se haga cargo subsidiariamente el ente público, Enaire.
A pesar de los intentos por evitar el juicio, el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid comenzará la próxima semana la vista oral, que se desarrollará, según el calendario que maneja hasta la fecha el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a lo largo de 26 sesiones, la última de ellas prevista para el 18 de marzo.
En su escrito de acusación, la Fiscalía recuerda que «a consecuencia del abandono colectivo» de los acusados, funcionarios públicos, de sus puestos de trabajo se produjo el cierre del espacio aéreo en la región Centro-Norte y, por consiguiente, la cancelación de 1.352 vuelos entre el 3 y el 4 de diciembre de 2010, durante el puente de la Constitución.
«Dichas cancelaciones produjeron perjuicios al servicio público que presta AENA y a un elevado número de viajeros que perdieron el importe de sus reservas de avión y hotel, además de otros gastos de cancelación», añade.
La fiscal denuncia además cómo, entre las 17:00 y las 17:15 horas del día 3, un grupo de 59 controladores, «en una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal», presentó a su responsable un documento «escrito de su puño y letra» en el que cada uno «a su manera» alegaba una disminución de capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto.
En este sentido, apunta, el que prácticamente toda la plantilla prevista para ese turno entregara tal formulario, obligó a la dirección de AENA a reducir de forma progresiva la capacidad de los distintos sectores en los que se organiza el espacio aéreo.
Así, al comienzo del turno de noche tan sólo se presentaron 16 controladores de los 44 que estaban programados; la mayoría se encontraban, relata el escrito, en una asamblea convocada por USCA.
La situación se consolidó un día más tarde, cuando de los 73 que tenían que acudir a su puesto de trabajo, «sólo» lo hicieron 19, una estrategia que pretendía «mantener el cierre del espacio aéreo por falta de personal».
El Ministerio Fiscal pone de relieve que estas acciones, que se hicieron de manera «consciente», fueron coordinadas «al margen de cualquier convocatoria formal de huelga» por USCA, que por entonces intervenía en las negociaciones con AENA para el segundo convenio laboral del personal aeronáutico.
Motivo por el cual reclama 75.000 euros y un año de suspensión de empleo a los siete miembros que bien formaban parte de la Junta Directiva del sindicato o eran miembros de su comité, una cuantía que se reduce a los 60.000 euros para el resto de acusados.
Condena de la Audiencia Provincial de Palma
El origen del conflicto se remonta a enero de 2010, precisamente a las negociaciones del convenio; tras acusarse mutuamente de negociar sin voluntad de alcanzar un acuerdo, en febrero el Gobierno aprobó un real decreto ley que devolvía a AENA la capacidad de gestión y control del tráfico aéreo, en manos de los controladores desde marzo de 1999.
En octubre de 2018, la Audiencia Provincial de Palma condenó a 73 controladores a multas de hasta 31.500 euros, después de que se declaran culpables del delito de abandono de servicio por estos mismos hechos.
En el proceso actual también están personados algunos afectados, como aquellos a los que representa el bufete Cremades & Calvo Sotelo, aunque las fuentes apuntan que otras 50 acusaciones particulares se han apartado del procedimiento tras haber recibido su respectiva indemnización.
