EFE / España se prepara para entrar este sábado, por segunda vez en democracia, en estado de alarma, una medida excepcional que formalizará mañana el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria con el objetivo de frenar la expansión del coronavirus, que ya suma más de 4.000 contagiados y 120 muertos.
Y esto no es más que «una primera fase» y «no cabe descartar» que en la próxima semana los positivos confirmados superen los 10.000, según ha admitido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, en la que ha anunciado su decisión más complicada hasta la fecha: declarar el estado de alarma.
A la espera de las medidas concretas que adoptará mañana el Consejo de Ministros, la declaración del estado de alarma, que se prolongará durante 15 días, es una de las vías constitucionales que puede usar el Gobierno para paliar las consecuencias de pandemias como ésta.
Porque permite, entre otras cosas, limitar movimientos de personas o intervenir «locales de cualquier naturaleza» como los hospitales privados. Es incluso una opción que podría facilitar el aplazamiento de las elecciones vascas y gallegas previstas para el próximo 5 de abril.
Avance imparable
Regulado por el artículo 116 de la Constitución española y desarrollado mediante ley orgánica del 1 de junio de 1981, el estado de alarma, así como el de sitio o excepción, era un planteamiento que ya sobrevolaba desde hace días en diversos ámbitos ante el avance imparable del coronavirus en nuestro país.
De acuerdo con el último balance del Ministerio de Sanidad, España registra 121 fallecidos, 37 más que ayer; en un día, se han contabilizado 1.267 casos más y ya suman 4.231.
«Este virus lo pararemos unidos», ha enfatizado el jefe del Ejecutivo, quien ha reconocido que «tardaremos semanas». «Va a ser muy duro y difícil», ha reconocido para apelar a continuación a la «unidad, la responsabilidad y la disciplina social» para poner freno a esta amenaza.
Una emergencia que «superaremos -ha dicho- amparándonos en el consejo de la ciencia y apoyándonos en todos los recursos del Estado, pero también es seguro que lo conseguiremos antes con los menores daños humanos, económicos y sociales posibles si lo hacemos unidos y cumpliendo cada cual con nuestro deber».
La decisión de decretar el estado de alarma también ha recibido el aval, no sin críticas, de la oposición: desde el PP, su líder, Pablo Casado, ha asegurado que apoyará incluso una prórroga si es necesaria dentro de 15 días porque corresponden «medidas extraordinarias para situaciones extraordinarias».
Tiempo perdido
De la misma forma, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ya había pedido antes esta medida, ha confiado en que se pueda «recuperar el tiempo perdido»; y desde Vox, Santiago Abascal ha considerado que la decisión llega tarde y ha acusado a Sánchez de actuar de forma irresponsable porque «sigue dejándolo para mañana».
Precisamente mañana entrarán en vigor las últimas restricciones acordadas en la Comunidad de Madrid, que acumula casi la mitad de los contagiados con un total de 1.990 casos: desde este sábado tendrán que echar el cierre todos los establecimientos a excepción de los comercios de alimentación y las farmacias.
En Euskadi, el Gobierno autonómico ha decretado el estado de «emergencia sanitaria», lo que permitirá adoptar a partir de mañana medidas excepcionales como confinar a personas en sus domicilios y limitar el acceso a zonas de peligro de infección, ya sea un hospital, una localidad o toda la Comunidad.
También la Generalitat de Cataluña, que este viernes ha superado al País Vasco en número de afectados, ha acordado ordenar el cese de actividades y el cierre de pistas de esquí, gimnasios, locales de ocio como discotecas y áreas comerciales no destinadas a alimentación y productos de primera necesidad.
Cataluña es ya la segunda comunidad autónoma más afectada, con 509 casos, por delante del País Vasco, con 417, y La Rioja, con 259.
Control de accesos
En la provincia de Barcelona, los Mossos d’Esquadra controlan los accesos a los municipios barceloneses de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena, cuyos 70.000 habitantes están desde esta pasada medianoche confinados para evitar la propagación del coronavirus que comenzó ayer en un hospital.
Ante estas cifras, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha suspendido todas las actuaciones judiciales programadas en la Comunidad de Madrid, el País Vasco, Haro (La Rioja) e Igualada. La Audiencia Nacional también ha anulado todos los juicios y actuaciones judiciales durante 15 días desde el próximo lunes, excepto los ya comenzados.
La propagación de la enfermedad en Madrid ha levantado las suspicacias de otras comunidades, de forma que el Gobierno valenciano, que registra 94 casos, ha instado a los madrileños a no viajar y ha decretado el cierre de centros culturales, deportivos y de ocio.
Confinamiento
En Murcia, con 35 infectados, se ha procedido a ordenar el confinamiento de todos los municipios costeros ante la llegada de residentes de otras autonomías. En Sanxenxo (Pontevedra) se ha pedido incluso a los ciudadanos que «no incurran en histerias» ante la llegada de madrileños.
Mientras tanto, la amenaza sigue acechando a la celebración de la Semana Santa. Así ha ocurrido por ejemplo en Canarias, Badajoz, Valladolid y Mallorca, que ya han confirmado la suspensión de las actividades programadas.
El coronavirus se ha llevado por delante además la agenda de la reina, que aunque ha dado negativo en las pruebas, al igual que Don Felipe, ha optado por suspender sus actos tras haber estado en contacto con algún portador del virus como la ministra Irene Montero.
