EFE / El conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, ha defendido el decreto de protección del territorio en su debate en el Parlament y ha afirmado de forma taxativa que, con las medidas que protegen el suelo rústico, «el patrimonio de los payeses no se verá afectado».

«Supone un punto de inflexión real en nuestro modelo territorial», ha dicho Mir, sobre un decreto en contra del cual han anunciado que votarán PP, Cs, Vox y el Pi.

«La situación nos ha de hacer adoptar medidas excepcionales», ha asegurado el conseller sobre un decreto que parte de «la identificación de los problemas de Baleares» y que ha calificado como «una de las normas territoriales más ambiciosas y proteccionistas» adoptadas en las islas en décadas.

Mir ha defendido la necesidad de actuar porque el Mediterráneo, y con él Baleares, es uno de los «puntos calientes» donde, según los científicos, el cambio climático tendrá mayores efectos. El conseller ha recordado que, además de incendios forestales, Baleares ha experimentado en los últimos años sequías, grandes inundaciones, torrentadas nunca vistas, «caps de fibló» (trombas marinas) y tempestades marítimas como Gloria hace unos meses.

El conseller ha insistido en la urgencia de actuar contra la crisis climática y ha indicado que uno de los objetivos del decreto es evitar los usos impropios del suelo rústico, como son el residencial y el turístico, que han aumentado exponencialmente en los últimos años, con la intención de recuperar su finalidad agropecuaria.

Mir ha recordado que afecta a los tres tipos de suelo: falsos urbanos, suelos urbanizables y suelo rústico. En el primer tipo protege unas 400 hectáreas, otras 200 de urbanos no consolidados para una población potencial de 50.000 personas; y protegerá unas 51.000 hectáreas de suelo rústico en Mallorca y algo más de 20.000 en Menorca, aunque una parte de ellas ya gozaban de algún tipo de protección. Ha recalcado que «incrementará un 15 % el total de suelo rústico protegido».

Ante las críticas al decreto desde que lo aprobó el Govern, Mir ha advertido de que «la abundancia de suelo urbanizable nunca ha abaratado el precio», por lo que ha defendido la intervención pública, y ha añadido que «el verdadero motivo del encarecimiento es la especulación».

Ha insistido en que la finalidad del suelo rústico nunca ha sido el fin residencial y menos en zonas de riesgo y ha afirmado de forma taxativa que «el patrimonio de los payeses no se verá afectado».

En suelo urbano sin urbanización consolidada (conocidos como «falsos urbanos») el decreto suspende las tramitaciones de los planes de desarrollo y el otorgamiento de licencias urbanísticas con una moratoria hasta 2021.

Reclasifica como suelo rústico común los suelos urbanizables no programados y los programados en caso de que el plan general no se haya adaptado al plan territorial insular. Quedan exentos terrenos destinados a VPO y los que estén tramitando el plan parcial o proyecto de urbanización.

En suelo rústico, el decreto prohíbe construir nuevas viviendas unifamiliares aisladas, salvo las vinculadas a explotaciones agropecuarias, incluidas en Áreas de Prevención de Riegos (APR), zonas de alto riesgo de inundación, desprendimiento, incendio y erosión, para adaptar el territorio a la emergencia climática con un modelo territorial seguro.

Además reduce los parámetros edificatorios, rebaja la superficie construible máxima y la ocupación por parcela. Ibiza y Formentera quedan excluidas de las normas que afectan al suelo rústico porque hace menos de dos años que aprobaron sus planes territoriales.