NouDiari / El pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni ha aprobado en el pleno de hoy, por unanimidad, la primera Ordenanza Municipal Reguladora de Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización para garantizar y regular la transparencia de la actividad pública del Consistorio. Además, se ha dado luz verde a la peatonalización de algunas calles del entorno de la Iglesia y el casco antiguo.
El concejal de Transparencia, José Ramón Martín, ha destacado que es la primera ordenanza sobre transparencia que aprueba el Ayuntamiento de Sant Antoni y que demuestra “la apuesta firme que ha hecho desde un principio el equipo de gobierno por la transparencia”. El concejal ha explicado que la ordenanza establece que se deberá hacer pública toda la información institucional y de relevancia jurídica; la información contable, presupuestaria y financiera; la información relativa al municipio, urbanismo, territorio y medio ambiente y la información relativa a cargos electos y personal eventual.
La ordenanza tiene como objetivo la aplicación de la Ley 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, y de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, de reutilización de la información pública. Con su aplicación se implanta una nueva vía de colaboración entre la administración municipal basada en la transparencia y orientada al establecimiento de las bases del ‘buen gobierno’ y se promueve la plataforma digital para facilitar el libre acceso de los ciudadanos a la información pública.
Peatonalización de calles
El pleno municipal también ha dado luz verde a la aprobación definitiva de la peatonalización de determinadas calles del entorno de la iglesia de Sant Antoni y de la zona del casco antiguo con el objetivo de dinamizar el comercio, potenciar el paseo libre de los peatones, mejorar la accesibilidad y potenciar la visita a lugares de relevancia patrimonial.
Además, se ha aprobado el expediente para realizar el contrato de concesión de servicios para la atención a la primera infancia en el Centro de Educación Infantil Público Escoleta Can Coix, convocando su licitación.
Declaraciones institucionales
Durante la sesión plenaria también se ha aprobado por unanimidad una Declaración Institucional para solicitar al Gobierno una moratoria de efecto inmediato de las solicitudes de nuevos proyectos de investigación, exploración y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales, mientras se tramitan y aprueban el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética y la Proposición de Ley sobre la protección del Mar Mediterráneo.
Además, todos los grupos políticos de la Corporación también han aprobado por unanimidad una Declaración Institucional en relación al Día del Orgullo LGTBI para atender las reivindicaciones históricas de este colectivo e instar tanto al Govern como al Gobierno a tomar medidas como suprimir del Registro Civil el requisito discriminatorio hacia las parejas de mujeres, que deben estar casadas para inscribir a los nacidos o implantar el Plan de convivencia escolar para la igualdad de trato para las personas LGTBI.
Por unanimidad, también se ha aprobado instar al Gobierno a proporcionar información detallada a las entidades locales y a las Comunidades Autónomas sobre el ingreso mínimo vital y a garantizar recursos, así como una propuesta para instar al Govern balear a que solicite a las federaciones deportivas a reducir los gastos federativos de los clubes deportivos.
También se ha dado apoyo a las mociones de los grupos políticos de la oposición para la creación de un plan para reducir la brecha digital y de aprendizaje; para habilitar nuevos aparcamientos para personas con movilidad reducida en las escuelas del municipio, y otra para reforzar la red de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que ayudan a personas en riesgo de exclusión social por los efectos del Covid-19.
El pleno también ha apoyado, con los votos en contra de los grupos de la oposición, la propuesta de acuerdo presentada por el PP, PxE y Ciudadanos a favor de replantear el decreto Ley 9/2020 del territorio por suponer un freno a la reactivación económica y una invasión de las competencias de los ayuntamientos.
