Joan Miquel Perpinyà / A partir de este fin de semana todos los ciudadanos que residan o visiten las Illes Balears deberemos llevar mascarilla. Después de meses de estado de alarma, en los que el máximo responsable de la lucha contra la pandemia del coronavirus, el doctor Fernando Simón, insistía día tras día en la inconveniencia de dictar una medida de tal calibre, el Govern de Francina Armengol, que ahora está al mando porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha quitado de en medio y ha delegado la autoridad en las comunidades autónomas, nos obligará a ir enmascarados aunque estemos paseando solos por el campo.
Son estos virajes los que desconciertan sobremanera a la población porque no consta que este cambio de criterio esté respaldado por ningún estudio o informe científico. Se dirá que se adopta la medida porque la gente no está cumpliendo con la obligación de llevar mascarilla si no se puede guardar la distancia de seguridad de dos metros, pero cabe preguntarse en ese caso por el número de denuncias interpuestas. Y tampoco consta dicha información. De este modo, por el incumplimiento de unos, pagaremos todos. Pero ¿qué lleva a suponer que si hasta ahora se ha incumplido la norma, ahora se seguirá rajatabla?
Más lejos llega el president del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, que propone que para luchar contra los brotes de Covid-19, en caso de celebrarse una fiesta ilegal en un domicilio particular, la Policía Local pueda acceder al inmueble sin necesidad de orden judicial.
Más lejos llega el president del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, que propone que para luchar contra los brotes de Covid-19, en caso de celebrarse una fiesta ilegal en un domicilio particular, la Policía Local pueda acceder al inmueble sin necesidad de orden judicial. Vamos, que la inviolabilidad del domicilio que consagra el artículo 18.2 de la Constitución, quede en papel mojado. El último político que propuso algo así fue el entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera, y todos sabemos cómo acabó cuando el Tribunal Constitucional tumbó el artículo de la “patada en la puerta” de la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992.
Y es que hay cosas que están fuera de lugar y no vale todo en la pretendida lucha contra el Covid-19. Un poco de mesura no estaría de más.
