Patrullas de la Guardia Civil de Ibiza junto a una vivienda que estuvo okupada.
EFE / El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares y la asociación del sector han criticado este sábado el decreto aprobada esta semana por el Gobierno que «amplía la protección de los okupas».
En un comunicado, ambas entidades expresan su «total malestar ante la falta de protección de la propiedad privada» que supone la norma estatal de protección ante la vulnerabilidad económica, que impide el lanzamiento de okupas sin orden judicial cuando la entrada en el inmueble se haya realizado sin violencia sobre las personas.
La presidenta del colegio y la asociación de agentes de la propiedad de las islas, Natalia Bueno, lamenta que con este decreto se vayan a demorar aún más los lanzamientos judiciales, que tardan ya entre 6 y 12 meses en casos de segunda residencia.
Bueno se queja de que en esos casos se tendrán que seguir abonando por parte de los propietarios «los suministros de la vivienda, comunidad de vecinos e impuestos».
«Van a seguir proliferando empresas de desocupas, de instalación de puertas anti ocupas y contratación de alarmas, con unos beneficios en progresión exponencial y no sería extraño ver aparecer en Baleares empresas de asesoramiento de cómo ocupar viviendas y tener suministros, tal y como ya existen en otras ciudades de España, que en la práctica ya existen aquí en el mercado negro a través de ‘redes profesionales’ que se dedican a detectar viviendas vacías y cobrar dinero por cederlas o cobrar por personas que en ellas habiten”, asegura.
