La Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF ha decidido impugnar judicialmente la convocatoria, mediante concurso de méritos, de 64 plazas de policía portuaria de personal laboral indefinido en la Autoridad Portuaria de Baleares.
Este sindicato afirma que se trata de una convocatoria de empleo público «hecha a medida para unos candidatos» y en la en la que «se vulnera el principio constitucional de igualdad en el acceso al empleo público».
Entre los principales argumentos en los que se basa la demanda destacan que «no se exige ningún tipo de pruebas físicas, necesarias en este tipo de convocatorias». Recuerdan en este sentido que son agentes de la autoridad (policías portuarios) dependientes de la Autoridad Portuaria, «con la atribución legal del especial deber de colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», según establece la legislación vigente.
Afirman además que no existe ningún tipo de examen o pruebas de conocimientos técnicos sobre un temario «que debería ser fundamental en este tipo de convocatorias».
«En el procedimiento de valoración de méritos de experiencia, se valoran una serie de méritos, que, o bien solo se cumplen en 4 de los 28 Puertos de titularidad estatal, o solo en los Puertos de Baleares, con una diferencia en la valoración que dobla cualquier tipo de experiencia que pueda ser similar desarrollada por el personal contratado del resto de las 27 Autoridades Portuarias», relatan.
Apuntan también que las calificaciones de las distintas fases del proceso «no serán públicas, solo indicarán la palabra “apto” o “no apto” vulnerando el derecho de cualquier opositor a la información del desarrollo del proceso».
En definitiva, apuntan que son «irregularidades en el acceso al empleo público» que CSIF Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, «continuará denunciando y que ya ha obtenido sentencias favorables en otros puertos».
