Una familia con dos hijos menores que pasa la mitad del año en Ibiza porque el padre tiene trabajo en la construcción y la madre en el sector de la limpieza en la isla tendrá que abandonar su vivienda de Córdoba después de que un juez haya ordenado el desahucio de su piso de alquiler de protección oficial (de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía).
El desahucio se iba a producir esta mañana pero se ha retrasado dos semanas más, según informa Diario de Córdoba
La Asociación de Familias Necesitadas (Anfane) ha explicado que el año pasado, a causa de la pandemia, la familia apenas pudo viajar a Córdoba, con lo que la Agencia de Vivienda de Andalucía detectó que la vivienda estaba vacía e inició un expediente de desalojo al considerar que habían abandonado la vivienda oficial.
S.B. y M. R, con dos hijos de 12 y 16 años remarcan que si han vivido tiempo en Ibiza ha sido por necesidad, ya que es donde han encontrado empleo. También explican que no han dejado de estar empadronados en Córdoba, destaca el periódico cordobés.
«El agua y la luz las damos de baja cuando estamos fuera porque si no, te la pinchan», afirman en las declaraciones recogidas por el medio.
También aseguran que han pagado el alquiler sin falta y que no tiene sentido que les echen por el hecho de que hayan tenido que salir de Córdoba para buscar trabajo.
Por el momento la familia sigue en su piso y cuenta con el apoyo de sus vecinos y de la citada Anfane.
La Consejería de Fomento y Vivienda explica, por su parte, que esa vivienda se tiene que recuperar para el uso de una familia que realmente lo necesite, ya que afirman que está demostrado que ya no es el domicilio habitual y permanente de la pareja y sus hijos. También subraya que si tenían que dejar el domicilio por un largo período tenían que haberlo comunicado y no lo hicieron.
Según las fuentes del medio, el expediente se inició en enero del 2020 con datos recogidos desde el 2015 «que acreditaban que la vivienda no se utilizaba como domicilio habitual y permanente por la familia adjudicataria, que tenía este inmueble asignado en alquiler desde octubre de 2014».
“Según informe de la empresa municipal de Aguas, no hay consumo desde febrero de 2015. Y se comprueba que el adjudicatario no tiene contrato de suministro eléctrico”, informa el medio, que también apunta a que los menores «no han estado escolarizados en Andalucía desde el curso 2015-2016 hasta el curso actual», en el que sí están matriculados. “Anfane ha lamentado que no se tenga en cuenta la presencia de menores y que se castigue a familias que se van para trabajar en lugar de vivir de las ayudas”, explica el medio.
Me parece correcto, no a los pisos vacíos.
No se entiende que hayan tardado 6 años en expulsarlos de una vivienda en alquiler protegido.