El exministro Abel Matutes es uno de los mayores beneficiarios de la Ley de Costas en Cádiz

@Noudiari / Los patrimonios de dos de los más importantes políticos del Partido Popular, el exministro y excomisario europeo, el ibicenco Abel Matutes, y el que fuera primer presidente de Baleares, el mallorquín Gabriel Cañellas, figuran entre los principales beneficiarios de la reforma de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno del también popular Mariano Rajoy, segçun publica hoy eldiario.es. La nueva ley ha abierto la puerta a que las salinas y cultivos piscícolas dejen de ser propiedad de todos los ciudadanos para engrosar el patrimonio privado de los particulares que las han explotado durante las tres últimas décadas. La Bahía de Cádiz es uno de los espacios más afectados por la medida con hasta 7.500 hectáreas susceptibles de privatización.

Este giro está recogido en cuatro líneas del documento de 46 páginas que conforma la Ley, y tendrá notables repercusiones en la titularidad de suelos comprendidos en el Parque Natural de la Bahía gaditana. En el artículo 39, la normativa señala que los terrenos inundados de forma artificial y controlada dedicados al cultivo marino y a la actividad salinera se excluirán del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), incluso en el caso de que estos terrenos sean naturalmente inundables, prosigue el periódico digital.

Los colectivos Greenpeace y Ecologistas en Acción han criticado el espíritu contrarreformista de la Ley, que acaba con la salvaguarda del DPMT articulada en la Ley de Costas de 1988, y han denunciado que la modificación relativa a salinas y esteros está dirigida a satisfacer intereses particulares frente a los públicos. Entre los empresarios que han visto incrementados sus activos patrimoniales de la noche a la mañana, se alzan el exministro de Exteriores del PP Abel Matutes, cuya familia es propietaria de Cupimar (Cultivos Piscícolas Marinos), una de las empresas más importantes del sector en Andalucía, y Gabriel Cañellas, expresidente de Baleares (PP), vinculado a Salinera Española S.A, con propiedades en Baleares y Murcia. Greenpeace desglosa éstos y otros intereses privados detrás de la reforma de la Ley del 88 en su informe Amnistía a la destrucción.