El primer expediente de cesión obligatoria temporal de viviendas vacías de grandes tenedores, abierto hace nueve meses por la Conselleria de Movilidad y Vivienda que preside el ibicenco Josep Marí Ribas, Agustinet, se ha completado y los pisos vacíos que finalmente han cumplido los requisitos pasarán a formar parte temporalmente, por un total de siete años, del parque de viviendas públicas.
Así lo ha comunicado hoy el director general de Vivienda y Arquitectura, Eduardo Robsy, tras la reunión de la Mesa de la Vivienda.
En la isla de Ibiza ha habido un total de cinco expropiaciones a grandes tenedores: dos en Santa Eulària, dos en Sant Antoni y una en Ibiza.
El director general ha destacado: «El procedimiento ha culminado cumpliendo los objetivos marcados: una parte de las 56 viviendas incluidas ya están en manos del Govern y pronto se incorporarán temporalmente al parque de viviendas públicas; otras han sido adquiridas por parte del Govern en el ejercicio del derecho de tanteo y retracto, y otras han sido alquiladas o vendidas por los propietarios. Es decir, han dejado de ser pisos vacíos. Este era nuestro objetivo».
De las 56 viviendas incluidas en el expediente inicial, 22 pasarán a formar parte del parque público, dieciséis temporalmente (por expropiación temporal) y seis más de manera permanente porque han sido adquiridas por tanteo y retracto por el Govern. Del resto, la mayoría, un total de 21, ha sido puesta al mercado por los grandes tenedores.
Esta medida, que el Govern destaca como «pionera en el Estado» tiene dos objetivos: incentivar la rehabilitación y salida al mercado de la cartera de viviendas que los grandes tenedores mantenían desocupadas, tanto en régimen de alquiler como de compraventa, para recuperar así su función social, y conseguir viviendas que se destinen a alquiler social por parte de la Administración.
El expediente de cesión obligatoria temporal de los pisos de los grandes tenedores se inició formalmente el mes de marzo de 2021, con un total de 56 viviendas (27 en Mallorca, 23 en Menorca y 6 en Ibiza).
De estas, dieciséis se han expropiado (29 %) y seis más (11 %) se han adquirido por tanteo y retracto. En total, 22 pisos se integran así en el parque público de vivienda social que gestiona el IBAVI (39 %).
En cuanto al resto, otras 21 viviendas han pasado a manos de particulares (38 %): nueve de ellas se han alquilado (16 %) y doce más se han vendido (21 %), por parte de los grandes tenedores a particulares una vez iniciado el procedimiento.
Estas 21 operaciones de los grandes tenedores se traducen en nueve contratos de alquiler firmados por siete años (todos los pisos que se ubicaban en Palma) y doce ventas, algunas de las cuales se han realizado justo antes de obtener el Govern la posesión de estas viviendas: como ejemplo más significativo, un piso en Inca vendido por 60.000 €.
Finalmente, trece no cumplían el requisito de llevar dos años desocupadas (23 %), lo que se ha acreditado documentalmente por parte de los grandes tenedores: cuatro han tenido ocupas y nueve tenían licencia de primera ocupación que no llegaba a los dos años. Y, en estos trece casos se han estimado, en consecuencia, las alegaciones.
La distribución de los pisos finalmente expropiados por isla y municipio queda así:
— Mallorca: 3
- Manacor: 2
- Llucmajor: 1
— Menorca: 8
- Ciutadella: 7
- Maó: 1
— Ibiza: 5
- Sant Antoni: 2
- Santa Eulària: 2
- Eivissa: 1
Únicamente dos grandes tenedores obligados a la cesión de uso temporal no han comparecido al acta de ocupación, correspondientes a tres viviendas en la isla de Ibiza, pero ello no hace que decaiga el procedimiento, que ha continuado en todo caso y ya se tiene la posesión del total de los pisos. Hay que recordar que, de momento, el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears ha desestimado las peticiones de suspensión cautelar del procedimiento.
El importe de las compensaciones que se pagarán a los grandes tenedores es de 371.448 € en total, importe que no incluye las pequeñas obras de rehabilitación que tiene que realizar el IBAVI que se detraen del justiprecio.
Ello supone una media de 23.215 € por vivienda que, convertido en términos mensuales, supone que el IBAVI pagará un importe equivalente a 276 € mensuales por vivienda, o 3,70 €/m² útil (las reformas que se tienen que realizar suponen una inversión de 168.103 € adicionales).
Hay que recordar que la expropiación tiene una duración de siete años, dejando la puerta abierta a prorrogarse si existe acuerdo con los propietarios. Los pisos obtenidos se destinarán a alquiler social, tal como prevé la Ley.
Adicionalmente, como resultado de la tramitación de los expedientes de expropiación se ha iniciado un total de 26 diligencias por parte de la Inspección. Se han abierto hasta el momento 24 expedientes, de los que catorce se han archivado, seis han acabado en sanción y los otros se encuentran todavía en tramitación. Existen dos más pendientes de abrir. Entre los cobrados y los que se encuentran en trámite, hay sanciones por un importe superior a 50.000 €.
