El juzgado que imputó a la directora general de Salud Pública del Govern, Maria Antònia Font, ha archivado la causa al considerar que no hay indicios de delito en su decisión de ordenar el confinamiento obligatorio de jóvenes en viajes de estudios en Mallorca que habían tenido contacto estrecho con infectados de covid-19.
Así lo ha anunciado en el Parlament la consellera de Salud, Patricia Gómez, que lo ha considerado una de las mejores noticias que ha tenido durante la gestión de la pandemia de coronavirus.
«Ni siquiera ha tenido que declarar», ha destacado Gómez sobre el proceso judicial sobreseído, que se abrió a mediados de julio, hace casi cinco meses.
La titular del juzgado de instrucción 12 de Palma, Ana Pérez Carrillo, ha ordenado el archivo del proceso que abrió a raíz de la querella de los padres de varios adolescentes que a finales de junio fueron confinados por orden de la Conselleria de Salud en un hotel de Palma por ser considerados contactos estrechos de enfermos de covid-19 pese a haber dado negativo en los test diagnósticos.
En su auto, la jueza de instrucción recuerda que la resolución de confinamiento de los jóvenes peninsulares en viajes de estudios en Mallorca fue derogada por un juzgado el 30 de junio en lo que se refería a los estudiantes con pruebas negativas, una decisión que el Govern recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia.
El 17 de septiembre, el alto tribunal autonómico contradijo al juzgado y determinó que el confinamiento fue «una medida fundada» que respondía al «principio de necesidad».
A partir de este pronunciamiento en favor de la actuación de la autoridad sanitaria balear, la jueza instructora concluye que no «concurren indicios del delito de detención ilegal y de prevaricación administrativa».
«Cae por su propio peso cualquier argumento de arbitrariedad, ya que han devenido firmes las resoluciones que avalan que esta decisión fue conforme a derecho», incide.
Además, explica que tampoco se aprecia delito de detención ilegal por cuanto la privación de libertad por motivos de seguridad sanitaria no tuvo «su origen en un abuso de autoridad».
El Govern ingresó a unos 175 jóvenes en el hotel Bellver del paseo marítimo de Palma y cuando el juzgado contencioso anuló la orden por considerar que la medida restrictiva de su libertad de movimiento no estaba suficientemente justificada tanto la presidenta, Francina Armengol, como otros miembros del ejecutivo, criticaron la decisión judicial.
La mayoría de los jóvenes que no habían dado positivo en las pruebas diagnósticas abandonaron el hotel y se desplazaron en barco hasta Valencia para dirigirse a los distintos lugares de la península de los que procedían. Muchos de ellos dieron positivo en los test realizados a su regreso.
