Las asociaciones ecologistas GEN-GOB y Amics de la Terra de Eivissa han definido como una «aberración jurídica» la nueva Ley De Costas aprobada ayer en el Congreso. Según un comunicado remitido de forma conjunta, la recién aprobada legislación «es una aberración según la cual el dominio público dejará de serlo dependiendo de a quién interese especular con él, regalará, directamente, los bienes públicos que son ses Salines de Eivissa y Formentera a empresas privadas propiedad de empresarios afines al partido, o permitirá ‘solucionar’ el molesto deslinde de ses Variades, en Portmany».
Según los ecologistas, esta ley supondrá «la privatización del litoral, la desaparición a la carta del dominio público, la desprotección de la costa, el abandono de los criterios de sostenibilidad y seguridad, todo únicamente para favorecer negocios privados y la especulación».
Ambas organizaciones ofrecen como corroboración de sus argumentos un informe redactado por Miguel Ángel Losada, un catedrático de la Universidad de Granada que remitió este mismo escrito al Ministerio de Fomento, donde se ingnoraron sus tesis. Losada, en su informe, insta al ministerio a explicar «por qué, aprovechando esta oportunidad, construye un texto reformador con las herramientas necesarias para desmantelar el DMPT (dominio público marítimo-terrestre) de España y habilitar su traspaso a la propiedad privada».
