El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Sant Josep ha denunciado hoy en sesión plenaria que las concesiones de playas para esta temporada están «en el aire». A pregunta del concejal popular Xicu Ribas en la sesión plenaria ordinaria del mes de enero, el equipo de gobierno ha reconocido haber prorrogado el pliego de las concesiones de explotación de instalaciones de playas de Sant Josep 2018-2021, que caducaron el año pasado, «pese a estar explícitamente prohibido en el artículo 52.4 de la Ley 22/1998 de Costas». Ante estos hechos, el equipo de gobierno municipal «se ha limitado a decir que a Costas no le han dicho que es una prórroga y que todavía esperan respuesta», señala el PP en una nota de prensa.
«Es inaudito que el equipo de gobierno se juegue todo a una carta, que no saben si les saldrá bien, y que podría dejar a Sant Josep sin concesiones de explotación de las playas en el año más importante, desde el punto de vista turístico, que se recuerda de los últimos tiempos», ha manifestado Ribas desando «que Costas acepte los endebles argumentos del equipo de gobierno porque de otra manera las consecuencias serán nefastas».
El Partido Popular considera que esta es «otra muestra de la errática política, sin plan ni rumbo, en materia turística del equipo de gobierno, más preocupado por hacer oposición al Consell que por solucionar los problemas de los ciudadanos, problemas que, por cierto, en la mayoría de casos provocan ellos mismos», prosigue el comunicado.
Por otro lado el portavoz popular, Javier Marí, ha preguntado al equipo de gobierno las armas con las que cuentan para luchar contra las fiestas ilegales. «Se trata de una actividad económica ilegal, que supone un problema de convivencia y de salud pública, contra el que todos queremos luchar», ha explicado Marí, quien ha subrayado que «no puede ser que la única solución que propone el alcalde de Sant Josep en prensa sea criminalizar al sector turístico, con ocurrencias como cambiar el nombre de viviendas vacacionales por ‘actividades hoteleras’, como si eso sirviera de algo».
Asimismo, Marí ha mostrado un documento del propio ayuntamiento en el que se reconoce que de 41 fiestas ilegales detectadas, solo 5 ocurrieron en viviendas turísticas. «Muchos vecinos sufren durante el verano esta lacra» y pide que se dé apoyo a la propuesta de modificación legislativa del Consell, «reconociendo, tal y como hacen numerosas sentencias, que una vivienda en la que se desarrolla esta actividad ilegal no se considere como un domicilio privado».
Què tal unes platges buides de mafiosos i lliures d’hamaques?
Si, entenc que serà una putada per les butxaques d’uns quants, entre ells uns quants polítics, però podríem fer la prova!
Seria molt interesant. Como millonaria tota s’illa.